Vivimos días políticamente vertiginosos, de difícil foto fija. Al menos por estos lares y en lo referente al caso Alquería. Y que tanto atañen, hasta el pasado lunes, al alcalde de Ontinyent. Así, leíamos el pasado domingo en este diario cómo el catedrático ontinyentí J osé Pla Barber rompía una emotiva y lúcida lanza a su favor, titulada: «Rodríguez. La imagen de la decencia política». Sin embargo, cabe decir que el problema de Jorge Rodríguez, desde el minuto uno, ha sido y es la Diputación de Valencia. Valga como muestra, tomando como referencia a una amistad común, a la que aludía en su columna, pero por otro asunto, Juan Lagardera, digo del ingeniero y ex alto funcionario jubilado de la Diputación Miguel Muñoz Veiga. El tema en cuestión estriba en los estériles e infructuosos intentos que realizó, y me consta, por poner en alerta al nuevo presidente de un asunto oscuro ligado a la corporación provincial. Pero nunca pudo trasladar a Rodríguez dicha información. Alguien de la máxima confianza del presidente decidió por él, cerrándole la puerta de acceso.
Precisamente el mismo día 27 de junio, cuando estalló el caso, desde esta atalaya y a modo de premonición aludíamos a la perseverancia en el error de Rodríguez y su inaudito fervor casi apostólico hacía las diputaciones. Orillando así las expectativas para que adelgazara el organismo provincial, en provecho de las mancomunidades de municipios y de la Generalitat misma. Sin duda se equivocó. Tal como escribía el periodista Adolf Beltrán, «fue un inmenso error mantener en funcionamiento una empresa tóxica, diseñada en clave clientelar y corroída por la corrupción». No es casual que sea el PP, que gobierna en las diputaciones de Castelló y Alacant, el partido que más se opone a desmantelar las diputaciones, organismos cuyos representantes políticos no son elegidos directamente por la ciudadanía sino que son designados a conveniencia de los partidos.
Vultúridos al acecho. Este tsunami político ha servido para que emerjan los ávidos por pescar en los ríos revueltos, dígase PP. Tanto el concejal ontinyentí Francisco Penadés (mientras la portavoz popular, Mercedes Pastor, era cautelosa, lo que le costó una reprimenda de la "radio de aquí"), como C's de Ontinyent, que se sumó a la pesca. También trabajadores de Divalterra, no se sabe en qué número, pero indiscutiblemente resentidos y con ánimos de vendetta, como se leía el lunes en Levante-EMV, denunciaban el lunes «amenazas y purgas de Rodríguez». Lo que podría significar, de poderse acreditar, otro éxito atribuible a su jefe de gabinete, Ricard Gallego, en la pretendida campaña de «insultos, vejaciones públicas, atentados al honor y la ideología, y amenazas continuas» denunciadas. Otro que le esperaba con la escopeta cargada es el editorialista de la antigua Radio EAJ30, que tras presumir de no sorprenderse de su detención, mezclaba la gestión del ayuntamiento y la provincial así: «veníamos denunciando las prácticas casi mafiosas que utilizaba el Gobierno de Rodríguez». Seguramente le pasaban factura por no haberse retratado como le solicitaron. Mientras, nueve secretarios comarcales defendían al presidente y comarcas como l'Horta ( Ábalos) o la Safor (clan de Gandia) se abanicaban con su defenestración.
