10 de julio de 2018
10.07.2018

Albaida brinda 35 de las 120 viviendas bajo alquiler asequible que oferta la Generalitat

La Conselleria de Vivenda ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para acceder a los inmuebles

10.07.2018 | 00:01

La Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Terriori, a través de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA), ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para acceder a más de 120 viviendas de protección oficial en varios municipios de la Comunitat, entre ellos Albaida. De las viviendas ofertadas, 20 pertenecen a la provincia de Alicante (18 en Alicante ciudad y dos en San Vicente del Raspeig); 84 a la de Valencia (45 en Gandia, 35 en Albaida, dos en València y dos en Paterna) y 18 en la provincia de Castellón (concretamente en Vinaròs).

El precio del alquiler de las viviendas oscilará entre los 200 y los 325 euros al mes, con la salvedad de los inmuebles situados en la Ciudad de la Luz de Alicante, cuyo preció ascenderá a los 420 euros. En los últimos años, la EVha había generado un pasivo de vivienda acabada, nueva y sin vender. «Los intentos de venta del anterior Gobierno valenciano resultaron infructuosos, dado que las condiciones no eran atractivas ni accesibles para los ciudadanos. A esta situación se ha añadido la actual problemática de acceso a la vivienda en régimen de alquiler asequible. De ahí que el actual Consell decidiera cambiar el régimen de uso de estas VPO, pasando de venta y alquiler con opción a compra a alquiler», explicaron ayer fuentes de la Generalitat Valenciana.

La adjudicación de estas viviendas se realizará de acuerdo con la resolución del 16 de junio de 2017 de la Conselleria de Vivienda, por la que se aprobaban los criterios sociales de acceso en régimen de arrendamiento a las viviendas de protección pública propiedad de la EVha. De acuerdo con esta resolución, además de cumplir los requisitos establecidos para residir en una vivienda protegida, se prioriza a: víctimas de violencia de género; personas afectadas por un desahucio derivado de una ejecución hipotecaria o por impago de cuotas de alquiler; personas discapacitadas con un grado reconocido; familias con menores a su cargo; aquellos que residan en inmuebles con barreras arquitectónicas no subsanables; familias para las que pagar el alquiler suponga más del 25% de los ingresos de la unidad, según añadieron ayer. La resolución también tiene en cuenta otras situaciones como que en la unidad familiar haya algún integrante menor de 35 años o mayor de 60 años u otros factores.

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