12 de julio de 2018
12.07.2018

esclavas

11.07.2018 | 23:14

e sclavas son quienes trabajan a cambio de nada o de muy poco. Se supone que ya no hay. Es creencia generalizada que la Humanidad ha ido progresando y superando realidades que hoy consideramos vergonzosas y degradantes. Pero a nadie choca y esta perfectamente normalizado que en nuestras casas entren mujeres que sustituyen a las que allí viven cuando salen cada mañana a defender su puesto laboral con uñas y dientes, dado lo difícil que ha sido en mucho casos conseguirlo y lo complicado que es mantenerlo. Hoy son residuales las mujeres que entienden que su supervivencia debe correr a cargo de persona ajena que las mantenga.

Sin embargo queda oculto el hecho de que su derecho a trabajar se sustenta en que otras mujeres entren en sus casas para hacerse cargo del rol que les sigue siendo adjudicado casi en exclusiva: el cuidado de menores y dependientes y las tareas domésticas en general. La corresponsabilidad sigue siendo, excepto honrosas excepciones, un concepto bastante teórico pero atender debidamente a las criaturas menores de 3 años es una responsabilidad ineludible. Y solo el 8% de ellas tienen plaza pública en escuela infantil.

Las esclavas del siglo XXI no son un colectivo minoritario. Hay cerca de 700.000 en todo el Estado, el 80% de ellas de otras nacionalidades. Aunque sólo 420.000 están dadas de alta en la Seguridad Social, a pesar de que es obligatorio desde 2012. Su salario cuando trabajan a tiempo completo es hasta el 40% menor que el de qualquier otro trabajador, lo que no es una brecha salarial sino un precipicio, aunque, ciertamente, la mayoría de ellas trabajan a tiempo parcial. Son esclavas porque su salario es indigno y la regulación de sus condiciones de trabajo inexistentes. Nadie ha establecido sus horarios, sus vacaciones, sus descansos. No tienen derecho a la prestación por desempleo. Cuando se jubilan sus pensiones son todavía más ridículas que las del resto: 520 euros/mes. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscribió en 2011 un Convenio, el 189, que es un acuerdo de mínimos, reconociendo que el trabajo doméstico sigue siendo infravalorado e invisible, realizado principalmente por mujeres, muchas de las cuales son migrantes o forman parte de comunidades desfavorecidas, por lo que son más vulnerables a la discriminación con respecto a las condiciones de trabajo, así como a abusos de sus derechos humanos. Todos los países debían suscribirlo y llevar adelante las medidas que les garantizaran dignidad y respeto en todos los países. Diecisiete ya lo han hecho, pero el gobierno español del PP pidió prórroga. Y se la dieron, porque se comprometió a que en 2018, asumiría el Convenio con todas sus consecuencias. Pero al mentiroso como al cojo se le pilla siempre, y llegada la fecha, el Partido Popular, introdujo en los Presupuestos Generales del Estado una enmienda ,la 667, que pide más prórroga, en concreto 4 años más, hasta el 2023, para reconocer unos derechos indiscutibles y mejorar una realidad laboral francamente insoportable.

Esa enmienda ha de ser derogada. Todas las personas decentes han de empeñarse en ello asumiendo su responsabilidad colectiva. Porque hasta que las empleadas de hogar (ciertamente siempre en femenino, porque mujeres son el 99 por cien de ellas), al igual que las kellys o las trabajadoras de la fresa, no obtengan un estatus de dignidad profesional equivalente al del resto de la clase trabajadora, se está autorizando una realidad inmoral y escandalosa que comulga mal con las proclamas del 8 de Marzo más feminista de nuestra historia y la avalancha de épicas declaraciones a favor de la igualdad. No nos hagan poesía. Reconozcan nuestros derechos.

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