La magistrada titular del juzgado de primera instancia e instrucción nº4 de Ontinyent, Amparo Hernández, ha tomado declaración en los últimos días a varios de los afectados por el caso de la asesoría con sede en Aielo de Malferit que acumula decenas de denuncias por estafa y falsedad en la Vall d'Albaida. En el marco de las diligencias previas de la causa, todavía bajo secreto de sumario, han sido citados a declarar durante los próximos días cinco investigados y dos testigos.
La investigación tiene uno de sus puntos de partida en una querella presentada a finales de 2017 por el Colegio de Economistas de València, cuando la institución descubrió, a través de un afectado, que la gestoría Ecoasesores estaba utilizando su nombre como garantía de solvencia para dar salida a un producto financiero engañoso que reportaba un elevado interés a los pequeños ahorradores. El Colegio no solo se ha desvinculado por completo de estos fondos, sino que se ha personado como parte perjudicada y acusación particular en el proceso judicial por el daño reputacional ocasionado.
«Cuando un afectado vino a pedirnos explicaciones, nos quedamos alucionados, porque lo que nos contó no tenía ni pies ni cabeza. Estaban engañando a la gente con una fotocopia que era en realidad un documento falso donde el Colegio supuestamente garantizaba las operaciones porque mantenía un control sobre los gestores. Es todo mentira», sentencia el secretario de la institución, Francisco Marín. Las denuncias de los afectados narran hechos similares pero con peculiaridades en la forma de contacto y en la venta de un contrato de préstamo que la red de comerciales y asesores ofrecía bajo unas condiciones muy favorables. Las situaciones de confianza y cercanía y el boca a boca de los pueblos hacía el resto: los gestores eran a menudo conocidos de los clientes, gente «de la zona» que les convencía para depositar decenas y cientos de miles de euros.
Como contó este diario, la asesoría se ofrecía a gestionar fondos a cambio de intereses mucho más elevados que las entidades bancarias, de entre el 6 y el 8%. «Decían que podían hacerlo porque eran pequeños y gestionaban muy bien el dinero», señalan los afectados. La clave de bóveda de la operación consistía en ese supuesto aval del Colegio de Economistas, institución que imprimía una pátina de solvencia a los contratos y en la que se escudaron los gestores cuando comenzaron a no poder devolver los préstamos.
La causa seguida en el juzgado de Ontinyent está ligada a otro procedimiento por hechos similares que se instruye en Dènia y que llevó a un acusado a prisión. Uno de los investigados habría pedido que se suspenda su declaración hasta que se aclare a qué juzgado corresponden las competencias.
La mayoría de perjudicados e investigados en el caso de la Vall d'Albaida se concentran en Ontinyent, Agullent, Aielo de Malferit u l'Olleria, aunque la presunta red extendería más allá sus tentáculos. Fuentes jurídicas apuntan a una treintena de denuncias en los juzgados, si bien muchos perjudicados de momento no se han decidido a ir a los tribunales o bien porque aún confían en que terminarán recuperando el dinero o bien porque el coste que representa el proceso judicial les disuade.
La investigación deberá dilucidar el grado de implicación o no de los denunciados y si eran conocedores de la posible estafa millonaria, así como esclarecer el paradero del dinero no retornado a los ahorradores y si existía una trama organizada. Los investigados son economistas, tienen conocimientos financieros o están vinculados a la abogacía. Este diario contactó ayer con la mayoría de ellos y su entorno, pero no pudo recabar la versión de ninguno. Mantienen silencio por el secreto de sumario.
Primeros problemas hace un año
Diversas defensas sostienen que la asesoría con oficinas en Aielo y Agullent pergeñó una estafa piramidal que al principio funcionaba por la captación de nuevos clientes que no dejaban de ingresar dinero. Hasta que, en verano de 2017, se produjeron los primeros problemas de cobro. Los investigados de la Vall d'Albaida, en cambio, han manifestado hasta ahora que siempre actuaron de buena fe. Uno de ellos mantiene a la vez la condición de perjudicado: se ha querellado con otro investigado al que acusa de engañarle.
El Colegio de Economistas puso en conocimiento de la Fiscalía el documento empleado por los asesores para dar garantía de éxito a las operaciones. Según «vendían» a los clientes, Ecoasesores gestionaba fondos que dependían del Colegio, lo cual era falso. José Vicente, por ejemplo, invirtió 80.000 euros y pudo recuperar 40.000 euros porque el contrato se renovaba semestralmente. El resto lo batalla ahora en los tribunales. Cuando, tras los primeros incumplimientos, se dirigió hace un año al Colegio de Economistas, comenzó a intuir el fraude. Como muchos otros.
