Una «bomba de relojería» judicial cuya explosión podría haber terminado costándole 10,6 millones de euros a los contribuyentes. Es la amenaza que el Consorcio de Residuos V5 (COR) de la Costera, la Canal, la Vall d'Albaida, el Valle de Ayora y la Safor desactivó ayer con la firma de un acuerdo por el cual su concesionaria, Vytrusa, retiraría los múltiples litigios pendientes en los tribunales a cambio de un incremento en los precios percibidos por el transporte y el tratamiento de la basura, que hasta ahora el COR estaba abonando por debajo del coste real.
La «fumata blanca», que llega tras dos años de negociaciones y tiras y afloja entre las partes, persigue sofocar la actual situación de inestabilidad en la gestión de los residuos, con tal de generar un clima de confianza y seguridad jurídica entre la empresa y la administración. El objetivo: allanar el camino para comenzar a articular, a partir de otoño, un esquema multiplanta adaptado a las nuevas directrices normativas de la Generalitat, asegurando la adecuada prestación de un servicio esencial.
Una serie de contingencias han impedido que el contrato de 400 millones adjudicado por el COR a Vytrusa en 2009 se desarrolle con normalidad y han prolongado sine die el llamado periodo transitorio, con continuos cambios en el proyecto de gestión. Las previsiones saltaron por los aires desde el primer momento, cuando las plantas de tratamiento de Villena, Xixona y el Campello se negaron a abrir sus puertas a la basura de las 5 comarcas. El rechazo social al macrovertedero de Llanera, unido a la negativa de la Vall d'Albaida a entregar sus residuos al COR y a la posterior orden de cese de vertidos en Alicante (que obligó a redistribuir los flujos en múltiples instalaciones valencianas) han generado un elevado nivel de conflictividad, litigiosidad e incertidumbre, que entorpecía la actividad del ente. La comisión de gobierno del COR dio luz verde ayer por unanimidad al acuerdo que han venido gestando con Vytrusa el gerente, Sergi Pérez, y los técnicos y asesores del organismo público, con la participación del presidente, Roger Cerdà, y el director general de la Generalitat Joan Piquer. Ambos estuvieron ayer en la firma del convenio, junto a Josep Bort, diputado provincial de Medio Ambiente. Antes de entrar en vigor, el texto ha de pasar por la asamblea de alcaldes y seguir los cauces administrativos
Cuando, en 2016, el COR se vio obligado a repartir toda la basura que hasta entonces se conducía a Alicante entre diferentes plantas valencianas, el ente decidió imponer a su contratista un precio único por el transporte y el tratamiento, apelando al carácter sobrevenido de la medida y para evitar que el sobrecoste repercutiera en la tasa. En abril de 2018, sin embargo, una sentencia condenó al COR a pagar 600.000 euros a Vytrusa por el «gran perjuicio económico» sufrido a raíz del gasto extra asumido debido a la mayor distancia recorrida hasta la planta de Algímia.
«Riesgo inminente»
Otros frentes similares abiertos por la empresa amenazan al Consorcio con nuevos reveses judiciales que podrían alcanzar los 10,6 millones de euros (6,2 millones por el kilometraje no abonado y 4,4 millones por el tratamiento). Ante el «riesgo inminente» de tener que afrontar una cantidad desorbitada repercutiéndola en la tasa, el COR ha optado por un acuerdo que le permitiría ahorrarse (respecto al peor de los escenarios) 900.000 euros anuales en gastos generales y de beneficio industrial por el tratamiento y otros 200.000 ? por la renegociación del coste de los ecoparques. A cambio, Vytrusa percibirá 600.000 euros al año adicionales a la facturación actual por los gastos de transporte y 300.000 euros más por el tratamiento, además de las actualizaciones del IPC atrasadas (100.000 ?). La concesionaria ha renunciado a exigir la facturación pendiente desde 2016 por la redistribución de flujos.
