por estos lares, en pocos días, hemos pasado del asombro a la perplejidad. El pasmo venía de la noticia sobre la detención de la concejal de Ontinyent, Virtudes Guillem, por la Policía Nacional, por su presunta implicación en la desaparición de un cheque de la Cruz Roja y su inmediata puesta en libertad, tras declarar. La incertidumbre aparecía, sin menoscabo alguno a la presunción de inocencia, en la suma de interrogantes que se abrieron en las horas siguientes. Los protagonistas de esta suerte de sainete, como informaba esta edición, serían la edil, claro, y el presidente de la Cruz Roja de Ontinyent, José Enrique Penadés, quien tirando mano del recurso de echar balones fuera y no mojarse, argumentó que «ese tema está ya todo en Valencia; la dirección provincial es la que lo investiga, lo analiza y ve lo que haya o no haya», como dijo a Levante-EMV.

Con ello, hacía un pronunciamiento nada favorable para quien presidió la junta local durante 15 años. Porque si la protagonista Guillem admitió haber cobrado un cheque de 600 al portador con el fin de pagar al jardinero de las instalaciones de Cruz Roja, al ser agosto un mes vacacional, hasta podría tener su lógica. El problema son las sombras de duda que proyecta. ¿Por qué lo cobró ella? Son demasiados enigmas abiertos. Pero si lo hizo, fue de forma innecesaria, por torpeza, pifia o mala fe. Vete tú a saber. ¿O el fondo era por no desvelar que se le pagaba al jardinero en B? Lo que extraña en este embrollo es que una irrelevante cantidad de 600 euros ha puesto en jaque la honestidad y el futuro político de esta concejala. Máxime cuando los directivos locales de Cruz Roja ponen en cuarentena la explicación ya que ella no tiene funciones directivas para ello y tampoco avisó de que iba a coger el cheque del talonario.

Por eso no se entiende como algo tan sencillísimo de aclarar; vamos, en diez minutos, la concejal lo haya dejado pasar días y días sin deshacer el presunto entuerto, alimentando las dudas que se ciernen sobre ella. El asunto pinta mal para la regidora que, tal como se ha puesto el listón en el ámbito político, según todos los indicios, habría quedado deslegitimada a seguir ejerciendo un cargo público. Pese a que los hechos investigados afecten a su espacio privado. Y que ue desde el PP ontinyentí su regidor Francisco Penadés se rasgue las vestiduras por este desliz, solo sirve para mostrar el grado de hipocresía que usan sin pudor. Pese al currículo de delincuencia que atesora este partido.

Mal síntoma en Castelló. Al margen de ser razonables los argumentos esgrimidos por Compromís en Castelló de Rugat en la denuncia que hacían esta semana señalando la falta de un informe técnico que avale el aumento del recibo del agua, acontece que estas maneras están excesivamente extendidas en la mayoría de municipios. Entre los ediles se percibe una preocupante laxitud o insensibilidad respecto al incremento continuado en las tarifas de servicios básicos para la vida de las personas. Como el agua, la electricidad o las basuras. Aunque carecemos de cifras que atañen a la Vall d'Albaida, una mera extrapolación a las que se dan en el ámbito nacional, el panorama que se vislumbra nos puede aproximar a una realidad nada halagüeña. El coste de la vida se ha disparado en las casas con incrementos, en la última década, de entre un 20% y un 35%. A lo que cabe sumar que los ingresos de los hogares caían un 13%. El recibo de la luz no para de crecer sin que nadie le ponga freno, y de la basura, que dependía de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida, al pasarle el muerto al COR, este no mira pèl y, al parecer, ningún político comarcal rompe una lanza en defensa del contribuyente valldalbaidí. Yo no oigo a nadie.