El Ayuntamiento de Xàtiva ha alcanzado un acuerdo con la división inmobiliaria del Banco Santander para la adquisición del antiguo convento de Santa Clara, un Bien de Interés Cultural (BIC) datado del siglo XIV que permanece vacío y sin uso desde 2002, cuando las religiosas Clarisas hicieron las maletas para mudarse a Canals. La compra definitiva se cerrará en unos días por un importe de 2 millones de euros y representa un hito histórico para la ciudad, que incorporará a su patrimonio un valioso conjunto arquitectónico de 4.000 metros cuadrados de superficie situado en pleno epicentro histórico.
La operación va acompañada de otro anuncio de calado. El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, confirma a Levante-EMV que la Conselleria de Justicia ha dado luz verde a la propuesta municipal para que el futuro Palacio de Justicia se construya en una porción importante del complejo de Santa Clara, concretamente en la parte que recae a la Albereda Jaume I. De esta forma, los juzgados se mudarán de su actual ubicación en el Palau d´Alarcó de la Plaça Trinitat, un edificio con dificultades de accesibilidad, que no cumple con la normativa y que se ha quedado demasiado pequeño para la ingente actividad que alberga. Aunque, inicialmente, la consellera Gabriela Bravo anunció la rehabilitación del Palau, los técnicos de Justicia constataron que las condiciones del antiguo inmueble eran muy deficientes, lo que complicaba y encarecía su reforma.
El consistorio, que lleva desde mediados de 2016 negociando la compra de Santa Clara con la propiedad, ofreció el exconvento como alternativa para evitar la fuga de un servicio público de vital importancia fuera del casco antiguo. El acuerdo con Altamira (la filial del Santander) únicamente establece dos condiciones. La primera, según desgrana Cerdà, es que el ayuntamiento ha de escriturar la titularidad del inmueble antes finalizar el presente ejercicio de 2018. La segunda es que el ayuntamiento dispondrá de 4 anualidades para abonar el precio de compra, a razón de 500.000 euros anuales de aquí a 2021. Con esta fórmula, aceptada por el banco, la corporación municipal no tendrá que endeudarse para financiar la operación.
El alcalde subraya las «fructíferas» gestiones con el Santander, que siempre ha mostrado su predisposición de deshacerse del inmueble y de negociar con la administración pública, ante las dificultades existentes para dar salida a un edificio con el que tuvo que cargar la entidad financiera tras la quiebra de la inmobiliaria zaragozana Ordisa, anterior propietaria. La citada promotora compró el exconvento en 2006 por 2,4 millones para transformarlo en un hotel de 4 estrellas y 60 habitaciones, con el beneplácito del Arzobispado. En aquel momento, la corporación de Alfonso Rus renunció a ejercer su derecho de tanteo y el bien pasó a manos privadas. Pero los planes de Ordisa se demostraron inviables y el exconvento de Santa Clara fue embargado como consecuencia de una deuda de 8,4 millones. Una pesada carga hipotecaria que el consistorio de Xàtiva no va a tener que asumir.
Acceso por la Albereda
El acceso principal al futuro Palacio de Justicia se situará en la Albereda. La parte norte del monasterio que recae a este punto neurálgico de Xàtiva se encuentra degradada y afea el conjunto arquitectónico. El espacio que sería objeto de reconstrucción es más nuevo y de menor valor patrimonial que el resto del complejo, puesto que se rehizo en la década de 1950 tras incendiarse durante la Guerra Civil. El nuevo emplazamiento, a falta todavía de muchos flecos, mejoraría la accesibilidad, el tráfico y el traslado de presos frente a las dificultades que se producen actualmente en la plaza de la Trinitat. La intervención ampliará el espacio de las dependencias judiciales, acabando con el hacinamiento de los trabajadores y otras muchas carencias.
La inversión para crear los nuevos juzgados la asumirá la conselleria y aún está pendiente de valorarse, aunque el coste superará con creces al importe de la compra del convento. En los presupuestos de 2019, la Generalitat podría incluir la licitación del proyecto, si bien Cerdà augura que el proceso no será precisamente corto: pasarán al menos cuatro años entre estudios, demoliciones previas y obras.
La parte más antigua y monumental de Santa Clara quedará en manos del ayuntamiento, que se brinda a acondicionarla cuanto antes. El alcalde garantiza que se programarán visitas semanales que incluirían un recorrido por la iglesia y otras dependencias y elementos patrimoniales que se abrirán por fin al público. Se trata de una de las promesas más esperadas y demandadas del Pacte de Sant Domènec.
