El Juzgado de lo Penal número 1 de València ha absuelto a los exalcaldes de Ontinyent Manuel Reguart (PSPVpor el que fueron juzgados tras una denuncia interpuesta por la Associació en Defensa de les Casetes (Adeca), que acusó a los tres exediles de actuar «arbitrariamente» en el asunto de las construcciones irregulares en el diseminado de Ontinyent. Así lo avanzaba ayer El Periòdic d'Ontinyent, que señalaba que el tribunal rechaza la petición de 9 años de inhabilitación que proponía la acusación, al no considerar probados los delitos que se les imputaba. Fuentes del TSJCV indicaban ayer a Levante-EMV que la sentencia aún no es pública, pero se ha comunicado a las partes.
El juicio por el presunto delito de prevaricación administrativa en las llamadas casetes del diseminado de Ontinyent se inició el 22 de mayo en el Juzgado de lo Penal número 1 de València, aunque el asunto judicial por las irregularidades urbanísticas comenzó en 2006, cuando Adeca denunció a Reguart y Portero, por entonces alcalde y concejal de Urbanismo, respectivamente, por actuar de manera «arbitraria» en los expedientes urbanísticos. Los juicios comenzaron en los juzgados de Ontinyent y después se trasladaron a València.
Adeca denunció que los exediles promovieron la paralización de las obras irregulares de las casetes -de los integrantes de la asociación y otros vecinos, mientras que no actuaron para frenar las mismas obras irregulares de familiares, en concreto en la construcción de una caseta de un hermano de Reguart y de los suegros y la esposa de Portero. Adeca los acusó entonces de no abrir expedientes para la restitución de la legalidad urbanística infringida por estos familiares y sí hacerlo en los casos de los miembros de Adeca.
La denuncia se amplió en 2008 al entonces concejal del PP Filiberto Tortosa, quien tras el cambio de gobierno asumió la concejalía de Urbanismo. A Tortosa, Adeca le acusaba de dilatar los procesos administrativos hasta la prescripción de los delitos urbanísticos (prescriben a los 4 años).
En la causa también fueron imputados el arquitecto técnico-jefe de inspección de obras del ayuntamiento; el arquitecto-jefe de la Oficina Técnica Municipal; y la técnica de administración general de la Oficina Técnica, también por prevaricación, al no iniciar los expedientes y permitir que transcurriera el plazo legal de cuatro años. Adeca acusaba a los tres técnicos de no actuar en los casos de los familiares de los políticos; y en el caso de la técnica de administración, también la denunciaron por no intervenir en el expediente que afectaba a un hermano suyo y a su suegra, según expuso la Associació en Defensa de les Casetes. Esta asociación se formó en 2005, a raíz de los expedientes y las paralizaciones de obras decretadas contra particulares por la construcción de viviendas sin permiso en el diseminado. Los afectados se unieron en esta plataforma, que llevó a cabo manifestaciones y protestas. En 2006 inició la «batalla» judicial, denunciando a los políticos por presunta prevaricación administrativa.
