Han chocado en numerosas cuestiones a lo largo de la legislatura y han llegado a la recta final del mandato en un clima de creciente división, pero si una noticia ha hecho de pegamento para unir en algo a las tres fuerzas que conforman el Pacte de Sant Domènec en Xàtiva ha sido la de la adquisición del antiguo convento de Santa Clara, un Bien de Interés Cultural (BIC) del siglo XIV que permanecía en manos privadas.
Como adelantó en exclusiva Levante-EMV el sábado, el consistorio ha cerrado un preacuerdo con la división inmobiliaria del Banco Santander, propietaria del monumento, para comprarlo por 2,05 millones de euros con un destino ya fijado: convertirse en el futuro Palacio de Justicia.
Aunque la entidad financiera todavía ha de autorizar oficialmente la transacción en su consejo de administración de mañana, el hito ha sido públicamente aplaudido sin ningún pero tanto en el seno del PSPV, como de Esquerra Unida y Compromís. La incorporación del valioso edificio al patrimonio municipal pone fin a 12 años de incertidumbre sobre su futuro, desde que las Clarisas abandonaron el complejo.
«Una buena noticia para la ciudad: reparando el daño y volviendo a la ciudadanía un patrimonio que nunca debería haber ido a manos privadas. Y lo más importante: dándole uso», terció el sábado la regidora de Urbanismo, teniente de alcalde y portavoz de Compromís en Xàtiva, Cristina Suñer.«En homenaje a todas las ciudadanas y ciudadanos que hace una década recogimos firmas pidiendo su adquisición», agregó en su perfil social la edil, que ha intervenido activamente desde 2015 en la misión de negociar una salida para el bien, junto al regidor Ignacio Reig y el propio alcalde.
Para el primer teniente de alcalde y portavoz de Xàtiva Unida, Miquel Lorente, se trata por su parte de «una medida positiva para la ciudad que nos tiene que ayudar a dignificar nuestro patrimonio y a reactivar el casco antiguo»
La portavoz del PP, Mª José Pla, también saluda la iniciativa, preguntada por este diario. «Cualquier bien que revierta en Xàtiva es bienvenido y si se consigue por 2 millones de euros cuando inicialmente lo vendieron por 2,4 no vamos a ser nosotros los que digamos que no nos parece bien». La regidora popular subraya, eso sí, que «hay que ser responsables» con la compra porque se trata de un BIC y se precisa de una gran inversión para su conversión en Palacio Justicia, otra medida que considera positiva. En cualquier caso, Pla hace hincapié en que la adquisición «demuestra la mentira de que el PP dejó un ayuntamiento arruinado. ¿Si no había dinero cómo pueden hacer una inversión de esa categoría?» pregunta. La edil, que no estaba en el gobierno cuando el BIC fue comprado por una promotora, sostiene que en aquel momento (2006) el consistorio del PP no lo adquirió porque «la propiedad de Santa Clara tomó una decisión de venta y había una cantidad de obras muy elevada en marcha en Xàtiva (CCX, Ciutat de l'Esport...). Lo dejamos todo prácticamente hecho. Ahora es otro momento», incidió.
«Una gran noticia para Xàtiva»
Para Iniciativa Cívica per la Recuperació del Centre Històric, muy crítica con la gestión municipal, la operación es «una gran noticia para Xàtiva» por la que «hay que dar la enhorabuena». «Que el BIC pase a propiedad municipal es la aspiración que ha existido siempre y si se tiene previsto un uso todo va en positivo», afirma Lluís Pellicer, presidente del colectivo. A partir de ahí, eso sí, lanza una serie de interrogantes, a la espera de conocer más detalles. «No tendría sentido que, si el acceso a los juzgados se hace por la Albereda, la parte del convento recayente a la calle Montcada quedara cerrada y no se le sacara provecho: tendría que dinamizarse y abrirse también al público; si no, esa zona podría quedar deshabitada», advierte.
Aunque el consistorio cuenta con un informe favorable de viabilidad técnica para el traslado de los juzgados de la Plaça de la Trinitat al exconvento de Santa Clara, emitido por la Subdirección General de Infraestructuras y Mantenimiento de Sedes Judiciales de la Conselleria de Justicia, todavía quedan muchos flecos por pulir antes de que se ejecute la intervención, dentro del Plan de Infraestructuras Judiciales de la Comunitat Valenciana, que cuenta con un presupuesto global de 200 millones.
En el Colegio de Abogados piden aguardar a conocer con más detalle la propuesta del traslado de los juzgados para entrar a valorarla, pero se muestran partidarios de la idea, puesto que el actual edificio, el Palau d'Alarcó, «no es funcional» y reviste «muchas carencias».
