Veintidós corporaciones locales de la Costera, la Canal y la Vall d´Albaida cerraron el ejercicio de 2016 con 2,3 millones de euros en obligaciones de pago pendientes de aplicar al presupuesto. El último informe de fiscalización publicado por la Sindicatura de Comptes radiografía un incremento del 54% en las llamadas «facturas en los cajones». En 2015, la cifra de pagos sin consignación ascendió a 1,5 millones de euros, 833.599 euros menos. La evolución es proporcionalmente inversa a la contabilizada en el conjunto de la la Comunitat Valenciana, donde en 2016 se redujeron un 49 % las obligaciones municipales pendientes de aplicar al presupuesto.
La práctica de esconder facturas en los cajones para maquillar las cuentas ha retrocedido de forma notable en los últimos años a golpe de estrechar el cerco a los ayuntamientos, pero no ha desaparecido. Los compromisos al margen del presupuesto están clasificados en la denominada cuenta 413, un mecanismo legal que permite alargar el plazo de 30 días para pagar a proveedores y mejorar la liquidez. El Ministerio de Hacienda se encarga de su control, para evitar un exceso de desviación presupuestaria. Los consistorios atribuyen los recibos pendientes a deudas arrastradas de años anteriores que no se pudieron asumir dentro del ejercicio o a la falta de tiempo material para consignar los fondos necesarios.
El Ayuntamiento de Ontinyent es el que más dinero acumulaba en la cuenta 413 al cierre de 2016: 617.556 euros. Le sigue el de Castelló de Rugat, con 347.996 euros, y la Mancomunitat de la Vall d´Albaida, con 330.881 euros. Entre 2015 y 2016, los fondos sin consignación se dispararon en la Llosa de Ranes (127.623 euros), Vallada (171.876 euros), Moixent (62.375) y Cerdà (171.120 euros), mientras que se redujeron en Bellús (53.652 euros), Benigànim (22.786 euros) y se mantuvieron constantes en Torrella (142.052 euros) y Benissoda (69.284 euros). Cierran la tabla Enguera (46.500 euros), Quesa (44.948 euros), Vallés (51.556 €) y Montaverner (40.080 €). Los consistorios de Atzeneta, Chella, Fontanars, Montesa, l´Olleria, Ràfol de Salem y Rugat cerraron 2015 con facturas en los cajones, pero lograron dejar a cero el importe un año después. El informe de fiscalización subraya que los gastos no aplicados al presupuesto «pueden suponer un riesgo para la sostenibilidad financiera de las entidades locales», además de una vulneración de los principios normativos.
La Sindicatura también pone el foco en 15 ayuntamientos en los que detecta alguna incidencia relacionada con los estados presupuestarios o con el balance y la cuenta de resultados. Albaida, Benissuera, El Palomar, Quesa y Torrella cerraron el ejercicio de 2016 con un remanente de tesorería para gastos generales o con un resultado presupuestario ajustado negativo, mientras que otras entidades como Anna, Sempere, Ontinyent o la Mancomunitat de la Canal no cumplieron algunas comprobaciones técnicas de menor calado, como fijar un importe de dudoso cobro en el remanente, igualar determinados campos o cuadrar las obligaciones reconocidas netas de la liquidación y las del resultado presupuestario.
Ocho consistorios fuera de plazo
El ayuntamiento que se lleva la palma es Benissuera, con tres incidencias diagnosticadas por la Sindicatura. Le siguen Albaida y la Mancomunitat de la Vall, con dos. La más repetida, no disponer de un fondo de maniobra positivo (cuando el activo corriente es superior al pasivo corriente), fue incumplida por Albaida, Bellús, Benissuera, Estubeny, Torrella, Vallés y la misma Mancomunitat.
Por último, ocho corporaciones reciben un tirón de orejas en el informe por presentar las cuentas fuera de plazo: Anna, Benissuera, Canals, Carrícola, l´Alcúdia de Crespins, Quatretonda y la Mancomunitat de la Vall. Otro gallo canta para la Mancomunitat de la Costera de Ranes (integrada por Llanera, La Granja, Vallés, Torrella y Cerdà), que lleva dos ejercicios seguidos incumpliendo la obligación de rendir cuentas.
