La contundencia con la que se ha pronunciado el Ministerio Público a la hora de solicitar una pena de 2 años de cárcel y 17 de inhabilitación especial para el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Xàtiva por mediar en la adjudicación de las obras de la plaza de toros ha apuntalado un lustro de investigación judicial. La Fiscalía del Área de Alzira también ha secundado al consistorio de Xàtiva (que ejerce como acusación particular) en su petición de que la jueza amplie su instrucción al examen del presunto fraude de las certificaciones emitidas por trabajos dudosos
