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Malos tiempos para la justicia

El escándalo por excelencia de la semana pasada fue el fallo del Tribunal Supremo acerca del recurso de las hipotecas, provocando lo que la voz de Iñaki Gabilondo dijo en sus reflexiones matinales: que no cabe «ni un gramo más de descrédito». Un error que tuvo como cabeza más visible a quien, desde 2013, ocupaba la presidencia del alto tribunal, Carlos Lesmes Serrano. El mismo que estuvo ocho años en cargos políticos durante los gobiernos de José Mª Aznar.

Casi al unísono se emitía una sentencia, en Estrasburgo, que daba la razón a Arnaldo Otegi al considerar que el juicio en la Audiencia Nacional no cumplió con todas las garantías, al figurar en el tribunal la magistrada Ángela Murillo (apartada anteriormente por supuesta falta de imparcialidad). Y aquí es dolnde aparece el nombre de Ontinyent, ya que dicha juez ejerció en esta ciudad en los primeros años 80 del siglo pasado. También causó extrema indignación nacional el pronunciamiento, la pasada primavera, del juez discrepante del fallo de La Manada, Ricardo González, quién pidió sus absolución. El mismo juez que, décadas antes, había ejercido en los juzgados de Ontinyent.

Afortunadamente no todos los nombres ligados a la Justicia y a la ciudad han reunido tal descrédito. Aún perdura en el recuerdo de los más viejos del lugar el nombre de Pedro Nácher Soler, quien hasta su ascenso a magistrado, el 31 de marzo de 1966, se involucró en la vida cultural de la ciudad y colaboró en la prestigiosa revista local Escala. Por otro lado, un hijo ontinyentí que con su nombramiento revalorizó al Tribunal Supremo, fue el ilustrado magistrado Vicent Lluís Montés, de quién el próximo año se cumple el décimo aniversario de su fallecimiento.

Pero quienes, ahora mismo, se la juegan y tienen comprometida la credibilidad de la justicia, son todos aquellos implicados en esa anomalía que se está dilatando sine die llamada caso Jorge Rodríguez, o también, eufemísticamente, Alquería. Como manifiesta el argot popular, en este asunto hay gato encerrado. ¿Por qué el juez mantiene el secreto de sumario? Llegado el momento de la verdad, habrá que exigirle, seguramente, responsabilidades. O si han ha habido presiones dilatorias, etc. Y es que viendo la actuación policial del día de autos, según explica el encausado, emergen indicios razonables acerca de la imparcialidad legal con la que se iniciaron las pesquisas. Máxime cuando, abundando en las perversiones policiales, recientemente se ha destapado la connivencia que existió entre el comisario Villarejo y la cúpula nacional del PP a través de la secretaria general, Mª Dolores de Cospedal. Y es que precisamente, el 27 de junio, acababa de producirse un cambio de gobierno: la moción de censura a Mariano Rajoy que ganó Pedro Sánchez. En muchas escalas del Gobierno aún no habían llegado los cambios. Así parece que sucedió con los mandos policiales valencianos. De ahí que salten las dudas juiciosas respecto a si el superior policial que dirigió la operación actuó con aviesa intencionalidad política: con el explícito fin de beneficiar al PP, partido que le designó.

Mientras se aclara si todo ello queda en agua de borrajas o no, lo que sí es indudable es que alguien deberá ir poniendo sus barbas a remojar. Ya que en el mejor de los casos, el daño que institucional y públicamente han ocasionado a Jorge Rodríguez es irreparable. Son meses de pena, angustia e incertidumbre que, anímicamente, le están pesando como una losa.

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