El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, la primera teniente de alcalde, Rebeca Torró, y el director general de Vivienda, Rafael Briet, explicaron ayer el acuerdo que permitirá a la administración autonómica invertir en Ontinyent los tres millones de euros del convenio incumplido por el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) durante la etapa de Isabel Bonig (PP) como consellera de Infraestructuras, recordaron ayer los tres. El acuerdo cuenta con una previsión de 800.000 euros en el proyecto de presupuesto autonómico de 2019, lo que en palabras del alcalde supone «una buena noticia que es fruto de un trabajo que ha costado años y muchos esfuerzos al ayuntamiento», señalaba.

Torró daba detalles explicando la cronología de un proceso «que como ya ocurrió con el hospital o la rotonda de Torrefiel, deja en evidencia la forma de hacer política, de la mala, por parte del PP». La edil recordó que en 2009 el conseller Cotino y la entonces alcaldesa Lina Insa firmaron un convenio que establecía la construcción de 25 viviendas protegidas en el barrio de la Vila, en la zona entre las calles Trinitat, Callarís y Roses. Con la entrada del nuevo gobierno de Rodríguez en 2011, y al no ejecutarse del convenio, se cedió en enero de 2012 a la Generalitat los terrenos para hacer esas viviendas, y hubo que esperar a 2014, siendo consellera Bonig, a que el entonces director general de Obras Públicas, Vicente Dómine, confirmara que el IVVSA, dependiente de esa conselleria, no podía hacer frente a convenios firmados con Ontinyent y otros ayuntamientos, reveló ayer la regidora.

Ontinyent fue el único consistorio que impugnó el desistimiento ante la justicia. Y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana le dio la razón. La propia Torró, que siendo edil de Territorio había propuesto el recurso, era en ese momento la directora general de Vivienda que debía ejecutar la sentencia favorable para Ontinyent, lo que hizo iniciando unos trámites que han desembocado en el proyecto que se presenta ahora.

en todo caso, desatacar un convenio de esa envergadura no era fácil. Es por ello que el dinero llegará en cuatro años, hasta 2022. Briet dijo que es un plan muy sensato «frente a la política de ocurrencias del PP» de aquellos años, sentenció el director general.