El programa urbanístico que recalificó 38 hectáreas de terrenos no urbanizables y triplicó la superficie de suelo edificable en la Pobla del Duc (2.500 habitantes) para levantar de la nada un polígono industrial de casi 400.000 m(2) al sur del núcleo urbano ha pasado a mejor vida sin haber generado ni uno solo de los 400 empleos prometidos. El ayuntamiento ha dado carpetazo al PAI del Tossal y ha resuelto el contrato adjudicado en plena burbuja del ladrillo a la promotora Inmobiliaria Zaragozá e Hijos, SL después de desestimar las alegaciones presentadas por la mercantil, inmersa en un proceso de liquidación concursal.
La empresa culpa de su situación económica a los obstáculos para desarrollar este PAI y otro residencial que también le fue concedido en la época del PP: ambos sumaban casi un millón de m(2). El alcalde de la Pobla del Duc, Vicent Gomar (PSPV), subraya que la firma no cumplió ninguno de los acuerdos del convenio del polígono suscrito en 2005. El programa se aprobó con el informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica y en 2014 fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia tras denunciarlo el Gobierno, si bien el Supremo revocó posteriormente la sentencia y validó el polémico emplazamiento del suelo.
Ahora, un informe jurídico avala la decisión del equipo de gobierno socialista, secundada por AIPV y rechazada por el PP, de declarar la caducidad del PAI a la vista de la vulneración de los plazos de ejecución previstos y de la insolvencia de la promotora. Gomar se muestra contundente al denunciar la «especulación» que rodeó al programa urbanístico bajo el gobierno del PP de Natalio Navarro y apuesta por reorientar el proyecto para dimensionarlo a la demanda empresarial existente bajo gestión pública y no privada.
El alcalde recordó que Zaragozá incumplió su obligación de abonar 930.000 euros al ayuntamiento, como estipulaba el convenio. Cuando la cantidad fue reclamada por el actual ejecutivo, el urbanizador reveló facturas que demostraban que había asumido, entre 2006 y 2009, numerosos gastos del consistorio en «saraos» varios, como la publicidad, los tiques y la marca de la extinta Raimà, castillos de fuegos artificiales, una paella gigante o las sillas y equipos de sonido para la presentación de ?estas, entre otros servicios. Gomar censura el «corporativismo» y la «connivencia» entre la empresa y el PP, formación que defiende que ésta mantenga su rol de urbanizadora. El consistorio también cedió a Zaragozá un aprovechamiento en el polígono.
La aprobación del programa alentó a los empresarios a adquirir parcelas en la zona ante las expectativas de desarrollo generadas. Ahora podrían reclamar ser indemnizados. El ayuntamiento, de momento, ha desestimado las alegaciones de dos de propietarios de suelo contra el acuerdo que entierra el macropolígono. Uno de ellos administra una empresa que proyectaba instalar una planta de valoración de residuos no peligrosos, lo que le condujo a costear varios proyectos y a solicitar a la conselleria la licencia ambiental, al ser su actividad compatible con el planeamiento existente. El afectado, además, pidió una indemnización económica y la devolución del IBI urbano pagado por los terrenos. El consistorio responde delegando la responsabilidad del fallido proyecto en la empresa urbanizadora y apuntando a futuros procesos para dilucidar las reclamaciones.
El representante de otras dos mercantiles, una de distribución de aluminio y otra de cítricos, también alegó que la actual situación de los terrenos deja a los propietarios en un «limbo de inseguridad jurídica», al desconocer qué va a ocurrir con ellos. Por su parte, la Inmobiliaria Zaragozá defendió en su recurso que el plan «responde a los intereses del pueblo y de los propietarios que compraron terrenos para que se ejecute».
Nuevo plan de gestión pública
El alcalde tranquiliza a los afectados subrayando que no van a perder sus derechos sobre el suelo urbanizable, que se mantendrá como tal bajo la catalogación de «no programado» hasta que el ayuntamiento ponga en marcha un nuevo planeamiento de gestión pública y directa que desarrollará los terrenos, eso sí, por fases y en función de la demanda empresarial existente, «evitando especulaciones». «Hemos perdido 15 años de desarrollo industrial que tenemos que recuperar a marchas forzadas», observa Gomar.
El munícipe considera que la ubicación del Tossal es «buena» para que se instalen industrias y culpa a la anterior corporación de que la Pobla se sitúe «a la cola del desarrollo industrial en la comarca». «Después de escoger mal a la empresa, engañar a los propietarios y equivocarse en el proyecto, nuestro pueblo no ha ganado nada sino gastos en abogados, intereses, trámites y sentencias», sentenció en un pleno reciente.
