Nuevo tirón de orejas judicial al Ayuntamiento de la Font de la Figuera por mantener el sueldo y los cargos a la regidora tránsfuga que fue expulsada de Ciudadanos después de traicionar la disciplina de voto de su partido para investir como alcalde al candidato de Compromís, Vicent Muñoz. El Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana (TSJ) ha confirmado casi íntegramente la sentencia del juzgado nº1 de lo contencioso de València que en 2016 anuló el nombramiento de Purificación Lluch como primera teniente de alcalde y concejal de promoción Económica, Turismo y Sanidad, emplazando al ayuntamiento a reclamarle la devolución de las retribuciones e indemnizaciones económicas «indebidamente satisfechas» desde 2015.
El consistorio, gobernado por Compromís y el PSPV con el apoyo de la edil no adscrita, recurrió el fallo, pero la sección 1ª del TSJ únicamente le ha dado razón en una cosa: Lluch puede mantener su sillón en el Consell Agrari porque no fue objeto de impugnación.
A raíz del último pronunciamiento judicial, el PP, partido mayoritario en el ayuntamiento, va a forzar la convocatoria de un pleno extraordinario donde tiene la intención de pedir la dimisión tanto de Lluch como del alcalde. La portavoz popular, Mª José Penadés, recuerda que a Lluch «se le incrementaron sus comptencias políticas y sus asignaciones económicas a cambio de apoyar a Muñoz» y ve «indignante» que la tránsfuga «haya percibido durante tres años unos derechos y un salario» que, según el TSJ, contravienen la ley. Para el PP, «ese el precio que le cuesta la vara de mando al alcalde». La formación critica que el ayuntamiento costee la defensa de la edil con dinero de las arcas municipales y apunta a una posible «prevaricación», recordando que el alcalde acumula tres sentencias en contra que coinciden en la ilegalidad del proceso: otro fallo del juzgado de lo contencioso nº7 anuló también la delegación de Policía asignada a la tránsfuga.
El PP insta a Lluch no solo «a devolver lo que ha cobrado indebidamente», sino a pagar también «los gastos de abogados y procuradores, ya que ella misma no quiso ir defenderse y prefirió que lo hiciera el ayuntamiento para no tener que desembolsar ni un euro en su defensa», según incide Penadés. La portavoz popular calcula que la tránsfuga habría percibido en estos años en torno a 20.000 euros, en función de un sueldo anual de 7.953 euros.
La defensa del consistorio defendió como no probado el hecho de que los nombramientos de Lluch fueran una compensación por romper la disciplina de su partido, puesto que la votación fue secreta. Sin embargo, la sentencia del TSJ concluye que no hay duda de ello, dado que la propia edil así lo declaro públicamente con posterioridad. Tras examinar el caso, los magistrados de la sala de lo contencioso concluyen que la tránsfuga «pasó a ostentar de manera inmediata un incremento de sus derechos civiles y políticos» después de haber puesto su voto «a favor de su adversario político», incumpliendo así el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, según el cual «los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia», en este caso Ciudadanos.
Camino del Tribunal Supremo
El alcalde de la Font de la Figuera, Vicent Muñoz, hace hincapié en que la sentencia del TSJ no es firme. El munícipe anuncia que, casi con toda seguridad, el consistorio agotará la vía judicial presentando un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, mientras estudia con detalle el contenido del fallo para tomar las decisiones oportunas. Muñoz apela a otros fallos contradictorios dictaminados por los tribunales y a otros artículos de la ley para defender que «es potestad exclusiva del alcalde el derecho fundamental de nombrar a los regidores y tenientes de alcalde».
Muñoz subraya que la sentencia revoca parcialmente la resolución de primera instancia, al mantener a Lluch dentro del Consell Agrari, a tiempo que no condena en costas al consistorio. El alcalde tacha de «salvaje» la actitud del PP y acusa al partido de generar «un clima de confrontación continua en un pueblo de 2.000 habitantes donde todos nos conocemos».
