Dos sentencias firmes del juzgado de lo contencioso-administrativo nº3 de València han condenado al Ayuntamiento de Xàtiva a devolver 15.866 euros a la inmobiliaria Aliseda, SAU tras anular el cobro del impuesto de la plusvalía por el traspaso en 2014 de una treintena de fincas del sector Palasiet que inicialmente habían sido adquiridas en 2005 con un valor de mercado superior. La empresa, anteriormente propiedad del Banco Popular y ahora controlada por el Santander y el grupo estadounidense Blackstone (el mayor propietario inmobiliario del mundo), entabló una batería de pleitos tras impugnar las liquidaciones giradas por el consistorio en relación a la compraventa de más de medio centenar de inmuebles, por lo que las cantidades finalmente a reembolsar probablemente irán en aumento.
La mercantil se ampara en la sentencia del Tribunal Constitucional que, en mayo de 2017, anuló parcialmente la regulación del impuesto de plusvalías para defender que no debería haber pagado ni un euro por las transacciones recurridas porque, en todos los casos, el suelo donde se edificaron pisos se devaluó entre la compra y la venta. En cambio, el ayuntamiento rechazó las reclamaciones de la inmobiliaria argumentando que las liquidaciones fueron emitidas en 2014 y la demandante no puso pegas hasta cuatro años más tarde, cuando a juicio de la administración ya eran firmes. El consistorio empleó otra fórmula que mostraba que sí se había producido un incremento de valor de los terrenos del litigio.
Los dos fallos contrarios a los intereses municipales fueron dictaminados el 5 de octubre por la jueza Laura Alabau y contrastan con una sentencia anterior del 20 de septiembre en la que el juzgado de lo contencioso nº1 dirigido por Mercedes Galotto dio la razón al ayuntamiento y desestimó otro recurso formulado con los mismos argumentos por Aliseda en relación al traspaso de una vivienda de la calle Miquel Batllori, también en el Palasiet. Una muestra de la disparidad de criterios con la que están fallando los tribunales según las diferentes interpretaciones de la doctrina del Constitucional.
«Inseguridad jurídica»
El consistorio de Xàtiva ha sufrido una merma importe de ingresos por la vía de las plusvalías a raíz de los cambios normativos, aunque aboga por rechazar la mayoría de peticiones de devolución con efectos retroactivos. Fuentes municipales subrayan la «inseguridad jurídica» existente y apuntan a que cada año se encajan unas 4 o 5 condenas, aunque los importes suelen ser inferiores a los de las dos últimas. Uno de los fallos a favor de Aliseda obliga al consistorio a reembolsar 8.225 euros por el traspaso de 16 fincas adquiridas en una única operación en 2005 al precio de 390 ? el metro cuadrado: una suma total de18,9 millones. Empresa y ayuntamiento difieren en la valoración del suelo donde se han edificado y vendido una serie de viviendas, pero la jueza considera que Aliseda ha acreditado la pérdida de valor del terreno y anula las liquidaciones cuestionadas.
La segunda condena es calcada y obliga a devolver 7.640,55 ? a la inmobiliaria por la plusvalía aplicada al traspaso de otras 14 fincas. La sentencia de la vivienda de la calle Batlori, en cambio, concluye que la liquidación del impuesto es firme y no se puede anular, porque se notificó en 2014 y no fue recurrida en el plazo legal.
