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Las consultoras de Ecoglauca obtuvieron más de 350.000 euros en contratos a dedo

Dos firmas coparon las adjudicaciones de los 7 consistorios para el seguimiento de parcelas del plan europeo

Las consultoras de Ecoglauca obtuvieron más de 350.000 euros en contratos a dedo

En la recta final de la pasada legislatura, los siete ayuntamientos socios involucrados en el proyecto Ecoglauca Ergón, financiado con fondos europeos Life+, adjudicaron sin concurso una serie de contratos cuyo cómputo global superaría los 350.000 euros. Las destinatarias fueron empresas consultoras que debían encargarse de los estudios técnicos y del seguimiento de las parcelas abandonadas escogidas para investigar sobre el aprovechamiento de cultivos energéticos como la paulownia, así como de la asistencia para justificar los gastos subvencionados. Como ha desvelado esta semana AE-Agró, el programa fue cancelado en 2017 por la Comisión Europea supuestamente por una docena de deficiencias detectadas en su ejecución. El Ayuntamiento de Enguera, coordinador del plan, niega este extremo, culpa del fiasco a un cambio de criterio de Bruselas y ha acudido al Tribunal Europeo de Luxemburgo para hacer frente al reintegro de 113.000 euros en ayudas que reclama la UE.

Agró no solo ha cuestionado la calidad técnica de los trabajos desplegados, sino también el procedimiento administrativo seguido para seleccionar a las empresas y a los expertos ligados al proyecto, apuntando a su relación directa con la Asociación de Municipios Forestales y la Plataforma Forestal Valenciana, ambas con sede en Enguera. El presidente constituyente de esta última entidad, José Vicente Oliver, creó en 2010 la sociedad In4Wood, SL, una de las mayores beneficiadas del proyecto. El 24 de abril de 2015, a un mes de las elecciones municipales, el exalcalde de Genovés, Emilio Llopis, adjudicó a esta firma por decreto un contrato de casi 63.000 euros para el estudio técnico de una parcela experimental del municipio. En febrero de ese año, el alcalde de Villanueva de Castellón le había concedido también a dedo otro contrato a In4Wood por la misma cantidad. La empresa fue contratada igualmente por Fontanar por unos 46.000 euros. Las alcaldías de Bolbaite y Navarrés, en cambio, adjudicaron por decreto sendos contratos de 39.000 y 35.000 euros respectivamente al ingeniero José Antonio Moreno para llevar a cabo los estudios técnicos en sus parcelas.

La fórmula del procedimiento negociado sin publicidad fue la escogida en todos los casos. Según las fuentes consultadas, desde el Ayuntamiento de Enguera se propuso a cinco empresas que otros socios invitaban a presentar ofertas para luego escoger una. El proceso se habría saldado en algún caso con reparos técnicos y con la adjudicación a una mercantil que no era la aconsejada.

Además de los contratos de seguimiento de las parcelas, se externalizaban otros servicios de apoyo para la justificación de los fondos, así como el merchandising y la compra de los plantones de las especies que se cultivaban en las parcelas abandonadas. Enguera presupuestó un plan de comunicación por 11.000 euros al año para difundir los avances. Los consistorios pagaban honorarios extra a sus trabajadores que realizaban tareas del proyecto, cuyo objetivo era conseguir un manual de plantación de especies de alto rendimiento y bajo coste para fomentar el desarrollo rural y combatir la erosión y el cambio climático.

Presupuesto de 1,3 millones

El importe de los contratos no se abonaba íntegramente a las empresas adjudicatarias, sino que se iba pagando conforme se iba desarrollando el programa, cuyo presupuesto global ascendía a 1,3 millones de euros. Europa debía sufragar el 46% y los socios, el resto. En 2017, sin embargo, Bruselas canceló el envío de fondos, lo que obligó a los ayuntamientos a rescindir su relación con las empresas, que no reclamaron ninguna indemnización a cambio, sino que se conformaron con cobrar los trabajos justificados. Fontanars ha cuestionado la gestión del proyecto y los resultados del mismo: en la parcela de este municipio las plantaciones no fructificaron. El resto de socios ha apoyado al consistorio coordinador, Enguera, que culpa a los cambios de Bruselas de la cancelación anticipada, niega las deficiencias y defiende el proceso administrativo, los beneficios obtenidos con el proyecto y el cumplimiento de la normativa.

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