La polémica no figuraba en el orden del día, pero era inevitable que saliera a colación. La candente sentencia que declara ilegal la compra de los terrenos donde el Ayuntamiento de la Font de la Figuera planea construir su centro de día comarcal con una inversión de 1,3 millones de euros ha sobrevolado el ambiente a lo largo de los dos plenos de tres horas de duración que se han celebrado este mediodía de un clima bronco, dominado por la tensión y la crispación política.
El alcalde ha tenido que llamar al orden en diversas ocasiones por los rifirrafes y las salidas de tono de algunos concejales y asistentes. Un grupo de jubilados ha abarrotado el salón de sesiones después de haberse concentrado a las puertas del consistorio para reivindicar el complejo asistencial. El colectivo ha mostrado su apoyo al ejecutivo y su hostilidad hacia el grupo popular por el contencioso que ha acabado anulando la adquisición del suelo.
La portavoz popular, Mª José Penadés, a quien el equipo de gobierno responsabiliza de una posible paralización del centro de día, ha querido desembarazarse de esta etiqueta con un ofrecimiento. La regidora ha recalcado que la sentencia del terreno no es firme y ha animado a recurrirla, a tiempo que ha asegurado que el PP no pedirá su ejecución una vez adquiera firmeza si el centro de día «se empieza ya» a construir. En todo caso, Penadés ha emplazado al ejecutivo a promover un procedimiento con publicidad «para que la gente pueda presentar sus solares» como ubicación alternativa del futuro complejo, tras hacer hincapié en las «múltiples irregularidades» que vio el juez en la adquisición del solar de los suegros del teniente de alcalde socialista. «Nosotros queremos el centro de día, pero velando por el interés de todos y cumpliendo la legalidad. Denunciamos la forma en que se compró el terreno sin posibilidad de competencia», ha incidido.
El alcalde, Vicent Muñoz, ha respondido a la portavoz una vez finalizado el pleno, tachando de «amenaza» su proposición. El munícipe ha evitado entrar al trapo y ha dicho que la sentencia deja al consistorio en una «tesitura complicada»: ha subrayado que el plazo para recurrirla ante el Tribunal Superior de Justicia termina el día 14 y ha pedido «paciencia» para tomar una decisión «tranquila», sin desvelar su estrategia procesal. Muñoz no ha aclarado el futuro del centro de día, pero lo ha puesto en cuarentena: «Si ejecutamos la obra podríamos perder el solar y la subvención. Tenemos que ser muy cautelosos, pero si mi último aliento es que se haga, se hará», ha sentenciado.
El PP, que ha cuestionado que la inversión de la diputación llegue tal como se anunció, ha pedido tener acceso al convenio de referencia. El alcalde ha replicado que dicho documento aún no está listo, puesto que «lleva unos trámites», a falta de ingresar los fondos provinciales, para los que existe una línea nominativa presupuestada, ha remarcado.
Penadés ha acusado al equipo de gobierno de «provocar» las protestas y las pancartas contra ella tras la reunión organizada hace una semana para desgranar la sentencia. Muñoz ha negado este extremo y ha culpado al PP de «generar confrontación y polémica» con sus denuncias, actitud que contrapuso a la «gestión» municipal, enumerando una serie de inversiones desplegadas desde 2015 por un importe de 5 millones.
Las últimas resoluciones judiciales en contra del equipo de gobierno han eclipsado dos puntos nada menores que se han aprobado en el primer pleno de hoy con los votos del ejecutivo: el presupuesto municipal de 2019 y el Plan General.
La regidora tránsfuga: «Cuando haya sentencia firme la acataré»
La regidora tránsfuga de la Font de la Figuera, Purificación Lluch, agotará la legislatura manteniendo el sueldo y la competencias que tiene delegadas como miembro del gobierno municipal. PSPV y Compromís han apoyado en bloque a la primera teniente de alcalde en el pleno extraordinario forzado por el PP para dar cuenta de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que condena a Lluch a devolver las retribuciones percibidas desde 2015 y declara ilegales sus nombramientos por incumplir la disciplina del partido con el que se presentó a las urnas, Ciudadanos, para investir alcalde a Vicent Muñoz (Compromís) a cambio de un «trato preferencial» .
El ejecutivo ya anunció un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo, pero el PP obligó ayer a que dicha decisión se votara. La portavoz popular, Mª José Penadés, señaló que la corporación acumula tres pronunciamientos judiciales en contra por el mismo asunto y censuró los «sobrecostes» del proceso para las arcas municipales. A juicio de la regidora, «no existe interés casacional ni se cumplen los requisitos para que el Supremo admita el recurso». El alcalde, por su parte, culpó al PP de los gastos judiciales y apuntó a un informe de secretaría que respalda la decisión municipal de acudir al Alto Tribunal. «La justicia no siempre es justa y nuestro deber es seguir con el procedimiento», enfatizó Muñoz, invocando sentencias del TSJ de otras comunidades que validarían la autonomía del alcalde a la hora de nombrar a los concejales para determinados cargos. Muñoz insistió en que «hasta que no haya sentencia firme Lluch seguirá siendo teniente de alcalde».
Durante su intervención, la edil no adscrita tiró de hemeroteca para recordar que Penadés gobernó en la Font apoyándose en tránsfugas o que la diputación pagó un juicio suyo. «Yo quiero lo mejor para mi pueblo venga de donde venga. No veo colores, sino personas. Cuando haya una sentencia firme la acataré, me iré con la cabeza alta y devolveré lo que sea», indicó Lluch, que rompió a llorar entre los aplausos del público. «No me estoy aprovechando del pueblo. Cobro lo mismo que el resto de concejales (350 € mensuales) y echo muchas horas», agregó, acusando a la portavoz popular de tener «ludopatía por los juzgados» y de «desestabilizar la vida pacífica de a Font». Lluch dijo sentirse «orgullosa y afortunada de formar parte del equipo de gobierno».
Penadés respondió que bajo su alcaldía repartió «concejalías a todos los partidos», mientras que el número 2 del PP, Elio Cabanes, hizo hincapié en que la normativa antitransfugismo no es la misma ahora que hace 20 años.
