Otro varapalo para el alcalde de Aielo de Malferit, José Luis Juan Pinter, por su actitud poco colaborativa con los vecinos. Esta vez por partida doble. El Consell de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern (órgano de la Generalitat para garantizar la transparencia de las administraciones) ha estimado dos reclamaciones de la Associació Veïnal d'Aielo de Malferit. En ambas da la razón a los demandantes y conmina al ayuntamiento a proporcionar la documentación requerida: la certificación del secretario del ayuntamiento de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (si la hubo) de la delegación por parte del pleno a la Junta de Gobierno de la firma del contrato de agua que mantiene con la empresa Sociedad Española de Abastecimientos, SA, por un lado, y las facturas y los contratos de luz de los últimos cinco años, información solicitada en julio de 2017, recordaron.

En el caso de la publicación en el BOP, argumento que esgrimió el alcalde pero que no está demostrado, el Consell señala que «de no poder acreditarlo, ha de informar al reclamante que dicha publicación no tuvo lugar jamás».

Estas dos resoluciones se suman a dos anteriores en las que el gobierno que preside Pinter (PP) también queda mal parado. La que obliga al ayuntamiento a entregar al presidente de dicha asociación, Marcos Cantó, una copia del contrato firmado en 2011 con la Sociedad Española de Abastecimientos, SA. Y la que insta al consistorio a facilitar al reclamante —de nuevo, la Associació Veïnal d'Aielo de Malferit— la relación de subvenciones concedidas a las asociaciones de la localidad en 2015 y la cuantía y finalidad de éstas. Ambas son de 2017.

Sobre la primera de las dos resoluciones de ahora en contra de Pinter, el Consell dice, entre otras cosas que «no cabiendo duda alguna de que la información requerida constituye información pública, no puede caber tampoco duda de que la administración requerida debía haber indicado al reclamante la fecha de publicación de la misma en el BOP». En la segunda, el órgano fiscalizador de la Generalitat afea al alcalde que tardara nueve meses en dar respuesta a la asociación en su primer requerimiento, «nueve veces el plazo del que disponía», censura la presidenta, Emilia Bolinches.

La negativa del ayuntamiento que preside Pinter a proporcionar a la asociación la documentación que requiere, cosa que en la mayoría de casos sería muy sencillo, ha llevado a los técnicos municipales, a los demandantes y al Consell a una maraña de informes, resoluciones y riesgos legales para el consistorio. Pero la actitud obstruccionista de Pinter no cesa, censuran desde la asociación.