La junta de gobierno local de Xàtiva ha dado luz verde en el último mes a más de una veintena de facturas sobre cuyo pago pesaban reparos de legalidad de la interventora municipal, debido fundamentalmente al incumplimiento de las bases de ejecución presupuestaria o de algún precepto de la Ley de Contratos.
El 19 de noviembre se aprobaron 17 recibos por 43.812 euros con el informe discrepante del órgano de fiscalización. La mayor parte de ese gasto en entredicho lo acapara RV Edipress, SL, una agencia de publicidad y comunicación con sede en Madrid especializada en contenidos turísticos a la que el consistorio pagó 15.246 euros al margen de un contrato menor que se le concedió en 2017 y finalizó en marzo de 2018. Pese a ello, la agencia siguió facturando a la corporación municipal una serie de servicios de comunicación y marketing y trabajos en la red de turismo durante los meses de julio y agosto. La interventora advirtió de un caso de «fraccionamiento de contratos», que implicaba infringir el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público.
El PP, que ha votado en contra de todas las relaciones de pago que arrastraban discrepancias de la interventora, afirma que los expedientes «que no se tramitan como corresponde» son muy habituales. «La mayoría de las semanas se aprueban facturas con reparos», mantiene la portavoz popular, Mª José Pla, que censura al pago de recibos por sobrecostes de obras que no habían sido autorizados previamente en junta de gobierno. «Así los esconden, porque ellos siempre presumían de que nunca iban a incurrir en sobrecostes», incide la regidora.
Un ejemplo es un recibo de 10.000 euros abonado a la constructora Víctor Tormo, SL cinco meses después de finalizar el contrato de mantenimiento de colegios que le había sido adjudicado. La interventora indicó que el coste de dicha actuación rebasó la cuantía presupuestaria asignada. Lo mismo ocurre con una factura de 4.143 euros abonada el pasado lunes a la mercantil Powerful por los pilones hidráulicos instalados en Sant Agustí: un gasto extraordinario fuera del contrato de 20.000 euros de las obras de este enclave que no se autorizó previamente y que no se recogía en la certificación final de la intervención. En este caso, los sobrecostes superaron el tope legal del 10% admitido.
La mayor parte de los recibos con reparo del último mes están vinculados a gastos de publicidad. Uno de ellos asciende a 7.260 euros y fue girado el 28 de agosto por Edicions del País Valencià, SA, la empresa del editor Eliseu Climent. La interventora advirtió de que su pago infringió la base 17 de ejecución del presupuesto: al superar los 3.000 euros, el expediente de contratación debería haber sido aprobado y adjudicado por la junta de gobierno local. Idéntica objeción pone la técnica a otro recibo de 4.500 euros que abonó el ayuntamiento por la grabación del documental de los Borja que emitió TV5 Monde.
Desde el equipo de gobiernosostienen que el número de facturas con reparo y su importe es ínfimo en comparación con el total de pagos aprobados cada semana. Igualmente, apuntan al encorsetamiento y a las dificultades que impone la nueva Ley de Contratos.
