Como un regalo anticipado de Navidad recibió ayer el gobierno municipal de la Font de la Figuera el decreto firmado por Presidencia de la Diputación que cristaliza al fin la concesión de la ayuda de 1,3 millones de euros comprometida por la institución provincial para financiar la construcción del centro de día. La resolución supone un balón de oxígeno para el ejecutivo local (Compromís-PSPV) después de que un juez de lo contencioso de València declarara ilegal la compra de los terrenos de los suegros del teniente de alcalde socialista donde se proyecta ubicar el complejo para mayores, a raíz de la denuncia del PP.

La corporación municipal ha recurrido dicha sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El alcalde, Vicent Muñoz, considera que el magistrado «se excedió» al pronunciarse en cuestiones que no figuraban en el recurso del grupo popular, sobre las que el consistorio no pudo defenderse. Hasta que el proceso de casación se resuelva, el equipo de gobierno ha descartado tajantemente la posibilidad de revertir la adquisición del solar objeto de la polémica o de paralizar el proyecto. De hecho, la fase de exposición pública se ha saldado sin alegaciones y Muñoz confía en que durante la próxima semana se apruebe el expediente de contratación de las obras, mientras se están ultimando los pliegos de la licitación.

El PP arremetió contra el alcalde y cuestionó el anuncio del centro de día por la ausencia de convenio o documento alguno en la diputación que sustentara la ayuda directa concedida para al centro de día, enmarcada en un plan de colaboración entre la institución provincial y la Conselleria de Igualdad que el juez ha puesto en duda por su opacidad y por el supuesto trato de favor dispensado a la Font de la Figuera.

El consistorio temía que el retraso de la subvención nominativa pudiera poner en riesgo el compromiso de inyección de los fondos, repartidos entre 2018 y 2019. El decreto de Presidencia, sin embargo, comienza a clarificar los plazos de ejecución de las obras, que podrían estar completadas a finales del año que viene. El equipo de gobierno organizó una reunión informativa el miércoles en el Centre Social Polivalente para explicar a los vecinos la situación del centro de día tras la sentencia. Muñoz volvió a defender la elección del solar donde se construirá en base a un estudio de idoneidad y desgranó las características del proyecto.

Pero el escenario se complicaría en caso de que el pronunciamiento judicial de primera instancia que anuló la compra del terreno fuera confirmado por el TSJ y terminara deviniendo en firme. La portavoz del PP de la Font anunció que no pediría la ejecución de la sentencia si el gobierno municipal iniciaba un proceso «transparente y legal» para edificar las instalaciones en otro terreno, algo ya descartado. El juez apreció diversas irregularidades en la adquisición acelerada y a dedo del solar, que se saldó con un sobreprecio de 5.000 euros por encima de la tasación hecha por la arquitecta municipal. La amenaza de paralización del centro de día ha movilizado al colectivo de jubilados y pensionistas, que ha organizado varias protestas.