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La filial de Llanera gana un pulso judicial a Rotglà para recuperar 500.000 euros de la fianza del polígono

El Supremo cierra la puerta al último recurso presentado por el consistorio contra la sentencia que anuló la adjudicación del PAI

La filial de Llanera gana un pulso judicial a Rotglà para recuperar 500.000 euros de la fianza del polígono

El Ayuntamiento de Rotglà i Corberà ha encajado un duro revés judicial en el litigio que arrastra desde hace ocho años con la empresa adjudicataria del polígono industrial, Jorsacu Construeix, SL. Esta empresa, filial del difunto Grupo Llanera con domicilio en Torrella, renunció en 2010 a ejecutar la urbanización del PAI en unos terrenos junto a la autovía después de haber sido seleccionada por el consistorio tras un polémico proceso de licitación iniciado en 2008 por 23,8 millones de euros. Escudándose en la difícil situación económica y en el rechazo de unas modificaciones introducidas en el proyecto inicial, Jorsacu pidió que el concurso se declarara desierto y reclamó la devolución del aval de 476.746 euros depositado en la CAM y de las tasas ingresadas al ayuntamiento por un importe de casi 40.000 euros.

El consistorio presidido por la popular Mercedes Castellón desestimó las pretensiones de la mercantil administrada por José Ramón Gallego y se incautó de la garantía provisional del agente urbanizador con el informe favorable del secretario municipal y el visto bueno de los servicios jurídicos. En noviembre de 2015, sin embargo, el juzgado de lo contencioso nº9 de València estimó el recurso interpuesto por Jorsacu y anuló el acuerdo plenario que rechazó declarar desierto el concurso, adjudicándole el programa.

Medio millón de euros en juego

El consistorio recurrió el fallo, pero tanto el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) como el Tribunal Supremo han cerrado la puerta a sus argumentos. La sala del órgano judicial con sede en Madrid desestimó en noviembre la queja municipal interpuesta frente a la decisión del TSJ de no admitir, por falta de fundamentación, el recurso de casación contra la sentencia dictada en marzo de este año que validó las tesis de Jorsacu, poniendo el foco en que la empresa no aceptó las modificaciones introducidas en el programa, motivo por el cual debía declararse desierto el concurso y devolverse la garantía en aplicación de la Ley Urbanística.

Estos pronunciamientos hacen referencia a una primera parte del litigio centrada en la renuncia de la empresa a ejecutar el PAI, pero allanan el camino hacia posteriores resoluciones que podrían terminar obligando al ayuntamiento a devolver a la empresa el medio millón de euros de la fianza incautada. De momento, fuentes municipales recalcan que esta cuestión no está zanjada (hay más procedimientos abiertos) mientras se estudia qué pasos adoptar, teniendo en cuenta que el retorno de dicha cantidad supondría un grave perjuicio para las arcas municipales.

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