El vecino de Xàtiva que denunció la suplantación de su firma en el acto de notificación de un desahucio, Marian Popa, ha solicitado al juzgado de instrucción nº3 de Xàtiva la suspensión del plazo otorgado para recurrir el archivo provisional de su denuncia, tras haber logrado que se le asigne un letrado de oficio. Como contó este diario, Popa presentó en noviembre una denuncia ante la Policía Nacional acompañada de un exhaustivo informe emitido por un perito caligráfico de València que acreditaba que no era el autor de la firma plasmada en la notificación oficial de su embargo por impago de la hipoteca, la cual se practicó sin estar él presente.
La magistrada titular del juzgado nº3, sin embargo, acordó el sobreseimiento de las actuaciones sin practicar diligencias «por no ser los hechos constitutivos de infracción penal» ni identificarse al posible autor de la supuesta falsificación. El auto en cuestión se dictó el 19 de noviembre, si bien Popa asegura que no se le notificó hasta el 17 de diciembre. Ese mismo día, a través de un escrito en el juzgado, pidió suspender el plazo de tres días para recurrir concedido a la espera de que se resolviera su solicitud de asistencia jurídica gratuita, servicio que le fue concedido por el Colegio de Abogados el 3 de enero, cuando se le designó abogado y procurador. Ayer, el vecino volvió a pedir un nuevo aplazamiento del proceso para poder «salvaguardar el derecho de defensa» y tener tiempo para preparar el recurso contra el citado auto.
Popa, en la actualidad desempleado, sostiene que fue víctima de una estafa. Asegura que la entidad financiera con la que concertó la hipoteca nunca le ingresó el dinero que luego le reclamó por vía judicial en 2009 (150.000 euros) y por el cual aún es objeto de embargos, junto a su hermano y avalista. Como prueba muestra su libreta bancaria, que no refleja ingreso alguno. El piso que adquirió en la calle Cerdán de Tallada, además, le fue entregado sin cédula de habitabilidad y en condiciones precarias. Aunque ha acudido a múltiples instancias judiciales, sin embargo, ninguna le ha dado la razón.
