Más de 800 firmas recopiladas en apenas dos días y una concentración convocada el próximo sábado. La versión preliminar del Plan General (PGE) de Enguera ha prendido la mecha de una corriente vecinal contraria al incremento de la superficie minera en una Zona de Especial Protección de Aves (Zepa) situada en plena sierra de la localidad. El borrador del instrumento de ordenación urbanística reserva 87 hectáreas de suelo no urbanizable para albergar posibles actividades extractivas en un futuro. Una cifra que contrasta con las 15 hectáreas actualmente autorizadas y en activo.
Preocupados por el «impacto medioambiental» del plan, vecinos afectados por dicha pedrera han iniciado los trámites para consituir la Asociación No Más Canteras. Advierten de que, junto a la ya hace tiempo anunciada ampliación de la Gravera del Barraquero que explota la mercantil Caplansa, el documento abriría la puerta a la posible implantación de otras dos canteras muy próximas, promovidas por sendas empresas de áridos en una zona de 51 hectáreas donde serían aptas las actividades extractivas y los vertidos de inertes, en caso de que la administración no lo frenara.
El colectivo se ha sumado a la voz de alarma lanzada hace unos días por la Asociación para la Defensa de la Naturaleza de Enguera (Adene) y ha anunciado que también está preparando alegaciones frente al PGE. La sede de este último colectivo conservacionista acogerá este viernes una reunión abierta en la que se debatirá en torno a la problemática. El sábado por la mañana, No Más Canteras ha programado una mesa informativa y una concentración en la Plaza de la Fuente, coincidiendo con el mercado ambulante semanal. Llaman a «proteger la sierra enguerina» y a «evitar un desastre medioambiental» .
Dos empresas han solicitado sendos derechos mineros para la extracción de calizas en las inmediaciones y están a la espera de la tramitación de los permisos. Buena parte de los terrenos en la Cañada Rufina, entre la carretera de Benali, la Rambla del Riajuelo y la Rambla del Saytón, son de titularidad pública municipal y están inscritos en la Red Natura 2000. Por otro lado, Caplansa persigue desde hace tiempo multiplicar por dos la superficie de su actual cantera de calizas en Enguera, que podría alcanzar las 36 hectáreas. En mayo de 2018, la compañía obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental favorable para llevar a cabo sus planes en suelo no urbanizable protegido, aunque la conselleria apreció una serie de deficiencias y condicionó la recalificación a un análisis medioambiental más exhaustivo y a una serie de modificaciones necesarias para ajustarse al cumplimiento de la ley, cuestiones que están retrasando el proyecto.
Los vecinos afectados por la explotación batallaron por la vía administrativa contra la ampliación tras denunciar las molestias sufridas por la acumulación de polvo, ruido y camiones pesados en el entorno de la cantera, debido al incumplimiento de las medidas de mitigación exigidas y a la falta de adecuación de los accesos. Los afectados temen que el PGE suponga un «paraguas» que brinde a la compañía mayores facilidades para desatascar la inversión programada. «Si se acaban desarrollando las nuevas zonas mineras previstas, la actividad se podría multiplicar hasta por cuatro», alerta la Asociación No Más Canteras.
Desde el colectivo recalcan que, teniendo en cuenta que alrededor de cada cantera ha de dejarse un margen perimetral de 500 metros sin construir, «podría generarse una mancha enorme de 400 hectáreas a lo largo de toda la carretera de Benali». La asociación echa en falta más «transparencia y comunicación» respecto a sus peticiones por parte ayuntamiento, a la espera de una reunión informativa municipal prevista sobre el PGE el 5 de febrero.
No Más Canteras recuerda que, en 2008, la Conselleria de Medio Ambiente denegó los permisos a una empresa que proyectó una explotación de áridos en una superficie de 8,8 hectáreas de la montaña del Saytón -inicialmente eran 19,7, pero se rebajaron- ahora contemplada como suelo minero en el Plan General. La actuación fue rechazada por su incompatibilidad con el planeamiento municipal entonces vigente, que catalogaba el suelo como no urbanizable protegido. La firma, además, no disponía de la titularidad de todo el terreno. El ayuntamiento se opuso abiertamente al proyecto, poniendo el foco en las molestias ocasionadas a los propietarios de viviendas y actividades próximas.«La superficie viene dada»
Respecto al nuevo PGE, el gobierno municipal de Enguera mantiene que el consistorio está obligado a plasmar «por ley» todos los usos del suelo. «En ese espacio hay un suelo destinado a uso minero que no marcamos nosotros y que no podíamos no reflejar», defendió el alcalde, Óscar Martínez, hace unos días. «La calificación ya viene dada; nosotros no la podemos cambiar ni reducir», insistió. El munícipe señaló que el hecho de que se refleje la condición del suelo como susceptible de implantarse una cantera en el PGE «no quiere decir que sea una ampliación de la actual actividad», puesto que faltaría «muchísimo camino por recorrer» desde que la empresa pida su explotación hasta que la administración se la concede, si lo considera oportuno. Pero las asociaciones contrarias desconfían y creen que sí hay margen para impedir nuevas actividades.
