El Consell de Transparència no es el único que ha dejado constancia de los incumplimientos e infracciones del alcalde de Aielo de Malferit, José Luis Juan Pinter. Si, tal como revelaba este diario la semana pasada, el organismo encargado de hacer cumplir la normativa de acceso a la información, harto de la actitud de Pinter, ha instado al consistorio a incoar al alcalde un procedimiento sancionador por considerarle responsable de dos infracciones muy graves y otras dos graves en materia de transparencia; el Síndic de Greuges le dedicó un apartado especial en el Informe Anual de 2016 por vulnerar el derecho al uso de medios públicos, una vulneración que se extendería hasta la actualidad. El Consell de Transparencia exigía el expediente sancionador después de pronunciarse hasta en seis ocasiones en 22 meses por la negativa de Pinter a ofrecer información pública. El Síndic, por su parte, le dedicaba el apartado especial tras diversos requerimientos ante las quejas presentadas por asociaciones y vecinos del pueblo.
Uno de estos casos que motivó el señalamiento del Síndic de Greuges fue la falta de respuesta del gobierno de Pinter ante la solicitud de la agrupación local Joves Socialistes de un espacio municipal para desarrollar actividades. El síndic, José Cholbi, recalcaba en el informe que la singularidad de la queja «exige un tratamiento diferenciado». La organización juvenil solicitó, mediante escritos en el ayuntamiento, el uso de locales municipales para llevar a cabo actos públicos. Escritos que no fueron respondidos por el consistorio. Esta falta de respuesta municipal llegó al Síndic de Greuges y Pinter contestó a Cholbi que negaba el local porque «la pretensión y el objetivo de la agrupación local es la de promover actos políticos que enfrente a los vecinos y crispen la convivencia entre ciudadanos». Una respuesta que para el síndic es una «preocupante valoración de la actividad política como elemento de confrontación». Cholbi recordó a Pinter que «la participación de los vecinos a través de entidades y asociaciones» es «clave en el proceso de construcción de una sociedad más participativa y democrática». Y apelando al Tribunal Supremo, Cholbi indicó que el alcalde estaba vulnerando el derecho fundamental de asociación al negar la cesión del espacio municipal.
«No es aceptable», dice el Síndic
Pese a las advertencias del Síndic de Greuges, Pinter persistió en negar locales municipales, una actitud que para Cholbi «no es aceptable desde el punto de vista del respeto a los derechos de las entidades ciudadanas y asociaciones» y avisó al alcalde que daría cuenta del caso a les Corts Valencianes. Otro de los destacados «conflictos» con el alcalde de Aielo de Malferit que llegó hasta el Síndic de Greuges era por la queja presentada por un policía local, que reclamaba un turno laboral de jornada continua, igual que el resto de los agentes. Este policía, que tenía una jornada partida, se dirigió al síndic tras varias reclamaciones al alcalde, que tampoco atendió las solicitudes del policía. Cholbi le recordó a Pinter su «deber legal, en la gestión del sistema de turnos de la policía local, de aplicar el principio constitucional de igualdad eliminando las diferencias de trato que carecen de justificación objetiva y razonable», concluía en una de sus resoluciones el Síndic de Greuges.
