Durante 30 años, la contratación de técnicos (arquitectos e ingenieros) como autónomos fue una práctica habitual en los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, a través de convenios firmados por la diputación con los colegios profesionales de cada especialidad. En 2015, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social comenzó a actuar contra este sistema por considerar que se encubría a personal laboral con contratos de arrendamiento de servicios.187 ayuntamientos valencianos se encontraron con reclamaciones de la Tesorería de la Seguridad Social por las cotizaciones no satisfechas.
El conflicto ha derivado en numerosos procesos judiciales que, de momento, están dando la razón al Ministerio de Trabajo. La sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia ha confirmado recientemente una sentencia que condena al Ayuntamiento de Alfarrasí a pagar 23.000 euros a la Seguridad Social por las cuotas de cuatro técnicos municipales sin dar de alta entre 2012 y 2015 (el periodo no prescrito), al amparo del citado convenio. El fallo impone al consistorio de la Vall d'Albaida el pago de los honorarios del letrado de la parte contraria, que cifra en 600 euros.
Para un municipio de 1.200 habitantes como Alfarrasí, la cantidad equivale a una porción importante del presupuesto de un año. Pero el TSJ no tiene la última palabra. El ayuntamiento, como la Diputación de València y otros muchos pueblos que se enfrentan a resoluciones similares, aguardan ahora a que el Tribunal Supremo se pronuncie y fije una doctrina clara para todos los casos, puesto que algunas sentencias han sido discrepantes entre sí. «Siempre se había contratado de esa manera a los técnicos y de repente hubo un cambio. Los ayuntamientos hacían lo que decía la diputación», recalca el alcalde de Alfarrasí, Fede Vidal, que avanza a este diario que va a «recurrir todo».
Entre 2 y 4 horas semanales
En el ayuntamiento de esta localidad, una inspección de Trabajo en agosto de 2016 desembocó en un acta de liquidación «por falta de afiliación» a la Seguridad Social de los cuatro técnicos por un importe de 22.977,48 euros. Los empleados prestan su servicio de asesoramiento, elaboración de informes y emisión de licencias con una jornada de entre 2 y 4 horas semanales, puesto que lo compaginan con su trabajo en otros consistorios. La sentencia hace hincapié en que Alfarrasí tiene pendiente de cumplir el requerimiento para regularizar el alta y las cotizaciones.
No es la primera sentencia del TSJ que se pronuncia a favor de Trabajo. La primera condenó al Ayuntamiento de Potríes por una situación similar hace un año. La diputación ha puesto en marcha alternativas para ayudar a los consistorios a regularizar el vínculo.
