13 de febrero de 2019
13.02.2019

La auditora cuestiona el pago de 75.000 euros a la firma de un dirigente del PP de Moixent

El PSPV exige saber cuánto ha costado a los vecinos la «nefasta gestión urbanística» que refleja el informe

13.02.2019 | 00:24
La auditora cuestiona el pago de 75.000 euros a la firma de un dirigente del PP de Moixent

El informe de fiscalización externa que ha puesto patas arriba la gestión urbanística del Ayuntamiento de Moixent entre 1997 y 2015 también llama la atención sobre posibles irregularidades detectadas en el pago de facturas por valor de 75.000 euros relacionadas con el mantenimiento de las calderas instaladas en el colegio, la escuela infantil y el pabellón de la localidad. Dos meses antes de las elecciones de 2015, el equipo el gobierno adjudicó el control de las instalaciones por 1.600 euros a una empresa sin experiencia recién creada por quien era secretario general del PP y figuraba el número 10 en la candidatura de este partido a los comicios. Pero el estudio cuestiona el «número y los importes totales» de los recibos que acabaron abonándose sin concurso a Costaigua, SL entre 2015 y 2017, en concepto de reparaciones.

Después de examinar medio centenar de recibos, la empresa de auditoría advierte de que estos gastos por servicios y suministros de las calderas se tramitaron «como contratos menores», cuando «debieron haber sido adjudicados mediante uno de los procedimientos establecidos en el artículo 138 de la Ley de Contratos». «El importe facturado cada año es superior al límite indicado para los contratos menores», sentencia el informe. El PSPV recuerda que el equipo de gobierno del PP firmó el contrato de mantenimiento de calderas con Costaigua, SL por apenas 1.600 euros. Una cantidad que contrasta con la batería de facturas de la firma, que ascenderían a 19.355 euros en 2015, 30.193 euros en 2016 y 25.422 euros en 2017. «¿Cómo se justifica y quién es el responsable de que un contrato de 1.612 euros se convierta en un gasto total de casi 75.000 euros?», se preguntan los socialistas, que en su día denunciaron carencias de seguridad en el servicio de las calderas.

En una alegación a la auditoría, el PP se defiende señalando que las facturas que se incluyen en el citado listado bajo los conceptos genéricos de mantenimiento y reparación están «mezcladas». La formación sostiene que la facturación del mantenimiento propiamente dicho fue «objeto de contratación por procedimiento de publicidad y licitación pública» pese a que «efectivamente se trataba de contratos menores». Los populares indican que hay «facturas que no se corresponden a trabajos relacionados con las calderas sino con la adquisición de equipos o reparaciones necesarias y urgentes para la prestación de servicio público». El PP recalca que el informe «no ha podido comprobar el alcance técnico de los trabajos, conceptos y unidades incluidos en las facturas relacionadas», por lo que sus conclusiones «son meras presunciones», opinan.

El PSPV pide cuantificar el coste

Para el portavoz del PSPV, Francisco Moratal, el estudio «no hace más que corroborar las irregularidades que el PSPV viene denunciando» desde hace años. «El PP siempre ha presumido de buena gestión, pero el informe confirma que su gestión es nefasta, sobre todo en el tema urbanístico». El concejal reprocha al alcalde de Ciudadanos que, pese a haber llevado las anomalías en los sobrecostes de los PAI a la Fiscalía, «no ha roto con el PP». «Es una incongruencia formar gobierno con aquellos de quienes no te puedes fiar» sostiene.

Los socialistas exigen «que se depuren responsabilidades políticas» y echan en falta una «verdadera auditoría económica» que cuantifique el perjuicio económico que ha supuesto para la población las unidades de ejecución paralizadas y los proyectos llenos de deficiencias. «Queremos saber cuánto hemos pagado los vecinos de Moixent por la mala gestión», concluye Moratal, antes de acusar al exalcalde Vicent Dubal (PP), investigado a raíz de la denuncia a la Fiscalía, de «desviar responsabilidades en terceros» con «justificaciones simples y pueriles» en lugar «de asumir responsabilidades». El PSPV presentó 11 alegaciones al informe (que costó 10.000 euros) pidiendo que ahondara más en las repercusiones, pero ninguna fue aprobada. Eudita alega que su labor se limitó a fiscalizar.

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