En 2010, los recortes presupuestarios del Gobierno Central cortaron el grifo de la financiación para las obras de construcción de la nueva autovía A-33 que une Murcia y la Font de la Figuera e impusieron un ritmo de trabajo mucho más lento del acordado. Nueve años más tarde, la Audiencia Nacional ha reconocido el derecho de la UTE Murcia-Fuente la Higuera a ser indemnizada por el Ministerio de Fomento con medio millón de euros como consecuencia de la ralentización y suspensión temporal de los trabajos del primer tramo de la carretera, cuyos plazos de ejecución casi se doblaron: inicialmente se pactaron 35 meses y acabaron durando 64. El trazado en el enlace entre la A-30 (Blanca) y la A-10 (Abarán) se inauguró en agosto de 2012, aunque oficialmente las obras no terminaron hasta un año más tarde.
La Unión Temporal de Empresas formada por las constructoras Cyopsa-Sisocia, SA y Obras Públicas y Regadíos, SA reclamó en 2016 ante la Dirección General de Carreteras una compensación de 5,2 millones de euros por daños y perjuicios derivados de los sobrecostes asumidos a raíz de las continuas «paralizaciones y ampliaciones de plazo» respecto al contrato, adjudicado en 2008 por 36,1 millones de euros. Los reajustes presupuestarios de Fomento condujeron a instaurar «un ritmo y un proceso de construcción completamente distinto al considerado inicialmente por las partes».
A mitad de 2010, Carreteras comunicó a la UTE contratista que, habiéndose agotado los fondos de la anualidad de gasto correspondiente a ese año, las obras debían suspenderse momentáneamente. Exactamente lo mismo ocurrió en 2011, cuando la partida presupuestaria asignada a los trabajos se agotó 5 meses antes de acabar el año, desencadenando un nuevo parón. La adjudicataria valoró en 2,2 millones de euros el coste directo y en 1,5 millones el coste indirecto soportado por culpa de las paralizaciones, incluyendo en su reclamación económica una batería de 11 incidencias notables que afectaron al transcurso de las obras, como el aumento de coste de los materiales empleados, las sanciones impuestas por una subcontratista a raíz de los retrasos, el pago de impuestos y nuevos estudios o el obligado replanteamiento de algunas partidas.
Después de examinar la pericial presentada por la UTE, sin embargo, la Audiencia Nacional reduce significativamente la cuantía de la indemnización reclamada y la limita a las consecuencias de segundo reajuste de anualidades, acordado por Fomento en 2010. El tribunal únicamente reconoce a las empresas el cobro de los gastos vinculados a la conservación y el mantenimiento durante el periodo de suspensión temporal de las obras y del desmontaje del transporte de la planta móvil de aglomerado, junto con otros sobrecostes indirectos, gastos generales e intereses de demora. En total: 500.000 euros. Para la sala de magistrados, muchas modificaciones fueron el resultado de imprevistos o de errores en el proyecto que han de correr «a cargo del riesgo y ventura» asumido por la UTE.
20 millones en las cuentas de 2019
La sentencia no es firme y admite recurso. Fomento arrastra otras reclamaciones similares de los contratistas de otros tramos que podrían engrosar aún más la millonaria factura de la autovía A-33, que ya se disparó respecto a las previsiones en la fase de expropiaciones de terrenos. Los presupuestos de 2019 tumbados ayer en el Congreso reservaban una inversión de 20 millones de euros para terminar los 12,5 kilómetros de la variante de la Font, un 10% más de los fondos que se proyectaban en el ejercicio anterior. Prueba del pronunciado atraso que acumulan las obras es que la variante debía haber estado acabada en 2013. En 2020 todavía restaría una última partida presupuestaria de 9 millones para terminar las obras (si no hay nuevos contratiempos).
