Lejos de acatar los seis requerimientos en contra y el expediente disciplinario que le quiere imponer el Consell de Transparència, el alcalde de Aielo de Malferit ha pasado al contraataque. En el último pleno, que se desarrolló en un clima bronco y de gran tensión, José Luis Juan Pinter (PP) anunció dos cosas. La primera es que va a volver a presentarse a las elecciones de mayo para optar a un cuarto mandato y «acabar» su proyecto. La segunda es que va a desobedecer y a impugnar por vía contenciosa la sanción que ha pedido para él Transparència por faltas «muy graves». Pinter tachó de «inconstitucional» y «contrario a la ley estatal» al nuevo organismo autónomo de la Generalitat, de cuyo presidente, el catedrático de Derecho Ricardo García Macho, dijo en tono jocoso que «es muy macho» y que tiene fijación con su consistorio.
El alcalde ha aprovechado el litigio para elevar el cerrojazo informativo y denegar al portavoz de la oposición el acceso a buena parte de los más de diez expedientes cuya consulta lleva un año solicitando -en algún caso en más de una ocasión- sin éxito.
En sus escritos, Pinter vuelve a acusar al PSPV de «obstaculizar» y «colapsar» el funcionamiento del ayuntamiento pidiendo documentación. Incluso llega a advertir al portavoz socialista, Juan Rafael Espí, que podría enfrentarse a multas «de hasta de 300.000 euros» en caso de divulgar información municipal «bajo deber de reserva» cuya entrega, por otra parte, o bien niega o bien retrasa. Según Pinter, Espí podrá acceder a algunos escritos que demanda «de forma gradual, una vez el ayuntamiento cumpla sus obligaciones más inmediatas» de acuerdo a principios de «eficacia administrativa», pero sin poner fecha. Entre esas peticiones, se encuentra el expediente sancionador abierto por la conselleria tras una inspección en el centro de día, o información relativa a contenciosos del ayuntamiento, a los incrementos en el recibo del agua o a las partidas de gasto con el club de fútbol, tras advertirse de un posible descuadre entre lo presupuestado y lo posteriormente fiscalizado.
Pinter deniega las solicitudes de la oposición acudiendo a múltiples argumentos: o son «demasiado genéricas» o abordan asuntos que no se corresponden con competencias del PSPV o que no se tratan en los órganos colegiados, o bien son «de la legislatura pasada» y carecen de actualidad o están judicializados. El primer edil niega que los concejales puedan tener copias de todos los documentos del consistorio «de manera indiscriminada» y tacha de «desproporcionadas» y «abusivas» las peticiones de la oposición, a la que afirma que facilita «la documentación necesaria», ha insistido.
Críticas por la «opacidad»
El portavoz del PSPV, que tampoco ha podido conocer aún el coste de la carta que el alcalde envió a todas las casas hace un año arremetiendo contra su partido, denuncia que la consulta de información se le aplaza desde hace largo tiempo con excusas varias y acusa al alcalde de «vulnerar la ley». Espí avanza que llevará las resoluciones al Síndic y al Consell Transparència, los dos organismos que han advertido de la opacidad municipal invocando diversa jurisprudencia. El edil recuerda que, en dos legislaturas, el alcalde no le permitió acceder al registro municipal hasta el segundo semestre de 2017.
