Después de una larga cruzada en los tribunales, el Ayuntamiento de Vallada ha conseguido recuperar 4,2 millones de euros reclamados a la multinacional adjudicataria de Valpark por una serie de facturas abonadas de forma indebida, ligadas a mejoras no ejecutadas, partidas por duplicado y errores de cálculo, junto a los intereses correspondientes. La noticia representa una importante victoria económica y moral para el consistorio, que trata de salir del hondo pozo financiero en el que se halla sumido como consecuencia del fiasco del gran parque estratégico empresarial promovido hace más de una década, cuyo suelo permanece congelado.
La inyección de los fondos es el resultado de unas intensas negociaciones que han cristalizado en un acuerdo extrajudicial entre la alcaldesa de la localidad, Mª José Tortosa, y Ferrovial Agroman, SA. A cambio de obtener el ingreso del dinero demandado, el gobierno municipal ha aceptado retirarse como acusación del procedimiento penal abierto en 2013 a raíz de una denuncia presentada por el PSPV ante la Fiscalía de Alzira, que iba a sentar en el banquillo en breve al exalcalde de Vallada (AIPV), al exsecretario municipal y a determinados cargos de la adjudicataria de Valpark por el pago, a través del plan de pago a proveedores de 2012, de 3,3 millones de euros en mejoras incluidas en el contrato de urbanización que no aparecían recogidas en las certificaciones y que, por lo tanto, no se llegaron a ejecutar antes de la suspensión de los trabajos.
El ayuntamiento ha de retornar al Ministerio de Hacienda ese monto de 3,3 millones que le acaba de devolver la multinacional de la construcción, en cumplimiento de una sentencia firme dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en 2017, puesto que fue el Gobierno Central el que pagó la factura dentro del Plan Montoro, propiciando un enriquecimiento injusto de la empresa.
Pero hay mucho más. El consistorio de Vallada ha obtenido 540.800 euros adicionales de Ferrovial por la liquidación de los intereses procesales derivados del citado litigio, a la espera de que otra sentencia resuelva la reclamación de los intereses legales de la operación, que podrían engrosar aún más esa suma. Por otro lado, la empresa adjudicataria ha devuelto a la corporación municipal 196.545 euros cobrados de más por la incorrecta liquidación del IVA en una serie de facturas, otro caballo de batalla del actual gobierno local.
Monopostes por duplicado
El acuerdo sellado entre la alcaldesa y el director de Ferrovial en València incluye el retorno de 134.377 euros cobrados por la mercantil a raíz de unos trabajos certificados incorrectamente en Valpark, tal como acreditó la Sindicatura de Comptes en una auditoría reciente remitida al Tribunal de Cuentas. 89.161 euros responden a dos monopostes publicitarios incluidos en el proyecto que se pagaron por duplicado. El resto se vincula con una extensión de tierra vegetal que la administración costeó pese a que no llegó a ejecutarse. Por último, la adjudicataria del macropolígono ha pagado 5.000 euros por los honorarios profesionales del letrado de la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Vallada en el proceso penal por los pagos indebidos de las mejoras. Como contrapartida, la corporación municipal renuncia a ejercer cualquier tipo de acción penal y civil sobre esta cuestión, a la espera de si la Fiscalía y el juzgado deciden suspender el procesamiento de los acusados o no tras la retirada del consistorio de la causa.
El ejecutivo de Vallada todavía mantiene abierto otro pulso con la empresa en el juzgado de lo contencioso nº 1 de València para reclamar la devolución de 304.606 euros que se habrían abonado de más a la adjudicataria a la hora de calcular la indemnización por lucro cesante tras la resolución del contrato del megaproyecto, en 2012. Mientras tanto, el ayuntamiento sigue enfrascado en reajustar el sobredimensionado proyecto inicial para terminar la urbanización de la vasta superficie de Valpark y dar viabilidad a la llegada de inversores.
