Las reglas de azar han hecho coincidir en el tiempo dos noticias de intereses contrapuestos para Ontinyent, ambas vinculadas al nuevo hospital comarcal. La buena es que la Conselleria de Sanidad ha adjudicado al fin las obras de construcción del complejo a OHL por 30,5 millones de euros. La mala es que el Tribunal Supremo ha decidido admitir a trámite el recurso de apelación interpuesto por la propietaria de los terrenos donde inicialmente iba a ubicarse el sanatorio contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que hace un año anuló la modificación del Plan General aprobada bajo el mandato del PP en 2008 para cambiar el uso del suelo (de recreativo-deportivo a sanitario) y poder tomar posesión de la polémica parcela de 40.000 m2 a 100 metros de la depuradora, finalmente desechada como emplazamiento.
En el fondo, las trascendencia del litigio está en la millonaria indemnización que exigió Regebe Asociados, SL, la dueña del terreno, por el aprovechamiento urbanístico frustrado que la corporación prometió a la mercantil en plena crisis del ladrillo. Al no fructificar ese desarrollo pactado en el polígono Sant Vicent al cabo de tres años, la empresa exigió la expropiación del aprovechamiento. Como no hubo acuerdo en el justiprecio con el ayuntamiento, Regebe elevó a 38 millones de euros su reclamación.
La respuesta de la corporación municipal fue declarar lesivo el acuerdo urbanístico con la firma, anular el cambio de uso del suelo, denegar la expropiación y devolver el terreno a la propietaria, una catarata de decisiones impugnadas por la empresa que han desembocado en diferentes procedimientos judiciales paralelos.
En febrero de 2018, el TSJCV confirmó la principal tesis del gobierno municipal en esta historia: el ayuntamiento nunca debió haber asumido la parcela porque no le correspondía escogerla y porque a todas luces no era adecuada. La conselleria, de hecho, nunca llegó a aceptarla para construir el hospital. El tribunal declaró «manifiestamente incompetente» al consistorio para aprobar la modificación del Plan General que derivó en el cambio de usos de la superficie dotacional. Dicho acuerdo supuso una «alteración del planeamiento estructural» del municipio «no justificada» e «incoherente» con el PGOU, según el TSJCV. Una posterior sentencia del mismo órgano también anuló la cesión de los terrenos y el convenio con Regebe, así como la reserva de aprovechamiento, apuntalando la estrategia municipal para librar a las arcas de pagar los 38 millones de indemnización.
La Sección 1ª de la sala de lo contencioso del Supremo, sin embargo, considera ahora que el recurso de Regebe ha de admitirse a trámite porque existe «interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia», en un asunto urbanístico que trasciende más allá del ámbito local. El auto, dictado el 25 de febrero y hecho público este lunes, hace hincapié en que aún debe determinarse si, «atendidas las circunstancias del caso y a la vista de la normativa estatal que la empresa considera infringida, la anulación de la modificación nº3 del PGOU de Ontinyent es conforme a derecho».
Denuncia incumplimientos
La recurrente, que denuncia el incumplimiento de varias leyes, tiene a su favor un dictamen del Consell Jurídic Consultiu que se pronunció de manera desfavorable a la modificación, aunque el informe fue impugnado por los concejales del equipo de gobierno y el TSJ les dio la razón. El ejecutivo sostiene que el gobierno del PP omitió «trámites esenciales del procedimiento» relativos a la evaluación ambiental estratégica o a la sostenibilidad económica.
La empresa defendió que el cambio de usos fue aprobado sin que la Conselleria de Medio Ambiente pusiera objeciones y alegó que la acción de los concejales en el litigio se basaba «en criterios de oportunidad y conveniencia y no de legalidad», con tal de «impedir la expropiación de la reserva de aprovechamiento». El gobierno local, por su parte, esgrimió diferentes informes jurídicos externos y de la conselleria que concluyeron que el consistorio no era competente para aprobar la modificación de 2008. La ubicación requería una inversión millonaria previa de adecuación y ha terminado desechándose en esta legislatura.
