13 de marzo de 2019
13.03.2019

El Tribunal de Cuentas exige 1,5 millones a dos exalcaldes de Vallada por los pagos irregulares de Valpark

Fernando Giner, Vicente Perales y el exsecretario del ayuntamiento se enfrentan al embargo de bienes si no depositan el aval previo al juicio al apreciarse indicios de un alcance contable

12.03.2019 | 22:51
Camps observa la maqueta de Valpark, con Fernando Giner a la izquierda y Perales detrás a la derecha.

Diez años después de la paralización de las obras de Valpark, el Tribunal de Cuentas ha reclamado a los exalcaldes Fernando Giner (PP) y Vicente Perales (AIPV), y al exsecretario municipal, Ricardo Martínez, el ingreso de 1,55 millones de euros como responsables de un presunto alcance contable derivado de una serie de pagos indebidos a empresas relacionadas con la gestión del frustrado parque estratégico que arruinó al Ayuntamiento de Vallada.

Así se refleja en el acta de liquidación provisional que el órgano supremo fiscalizador de las cuentas del sector público ha dirigido a los exmandatarios, a quienes ha dado un plazo de diez días para proceder al «reintegro, depósito o fianza» del citado importe a modo de aval, a la espera de que se celebre el juicio por los hechos. Si no cumplen con el requerimiento, se les embargarán sus bienes. La instructora del caso ha apreciado indicios de un perjuicio económico para la administración local una vez cerradas las actuaciones previas iniciadas a finales de 2017. Los denunciados han anunciado recursos contra la providencia.

La investigación del Tribunal de Cuentas parte de un informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes que detectó múltiples irregularidades en la gestión del consistorio de Vallada, como este diario informó hace un año. Aunque buena parte de ellas han sido excluidas de la causa por quedar inscritas en la jurisdicción contencioso-administrativa, hay cuatro operaciones específicas en las que se identifica un menoscabo claro para las arcas municipales.

El grueso del procedimiento lo constituyen las indemnizaciones de más de 1,5 millones que se abonaron bajo el mandato de Vicente Perales a la UTE adjudicataria de Valpark (Ferrovial-Guerola) y a la dirección facultativa (Gortal, SLP) por el lucro cesante de los contratos que tuvieron que resolverse después de que las obras de urbanización se suspendieran como consecuencia de los impagos de los urbanizadores, a quienes el consistorio debería haber repercutido ese importe que finalmente fue asumido por la corporación y que ahora se le exige al exsecretario municipal y a Perales, los mayores agraviados por la resolución del Tribunal de Cuentas. Se trata de la única cantidad que el actual equipo de gobierno tiene pendiente de recuperar después de que Ferrovial haya reintegrado a Vallada 4,2 millones cobrados de forma indebida a raíz de un acuerdo sellado en febrero.

Por su parte, Fernando Giner y el exsecretario han de responder solidariamente por otra presunta irregularidad ligada al abono de 349.005 euros por los honorarios de la dirección facultativa. A juicio de la instructora del caso, la cuantía también debería haber sido asumida por las tres empresas urbanizadoras, pese a que abandonaron las obras y se declararon en concurso de acreedores.

De forma paralela, el ayuntamiento pleitea con la citada UTE para ver retornados otros 304.606 euros que se le abonaron de más por un error a la hora de calcular la indemnización de Valpark, incluida de forma irregular en el Plan de proveedores activado por el Ministerio de Hacienda en 2012, tal como determinó el TSJ. La liquidación provisional del alcance contable, en cambio, deja fuera un pago adicional de 50.000 euros a la dirección facultativa también bajo sospecha que se efectuó a través de la sociedad pública municipal SGPEV. El motivo: la auditoría del Tribunal de Cuentas que desencadenó la investigación se circunscribe exclusivamente a las finanzas del ayuntamiento.

Un sistema de gestión anómalo

La clave de bóveda de todo el cúmulo de problemas es el sistema de gestión indirecta escogido en 2008 por el gobierno del PP para urbanizar los 1,3 millones de metros cuadrados de Valpark, cuya legalidad el Tribunal de Cuentas cuestiona abiertamente. La instrucción sostiene que el Ayuntamiento de Vallada «se apartó del esquema legal» previsto en la normativa, al contratar por un lado a los urbanizadores y por otro a una UTE para la ejecución del proyecto. De esta manera, se instauró «un peculiar sistema de pagos» según el cual el consistorio asumía directamente los gastos derivados de la urbanización y repercutía posteriormente a los urbanizadores las cuotas urbanísticas correspondientes.

Los impagos de estos últimos impidieron a la corporación, que además tuvo que costear la expropiación de terrenos, seguir cumpliendo con las certificaciones de obra. En 2009, tras el estallido de la crisis, se paralizaron los trabajos y la UTE exigió la rescisión del contrato. El ayuntamiento terminó asumiendo unos gastos de 18 millones por las obras de urbanización del parque, que generaron una abultada deuda pública de más de 20 millones pese a que el nivel de ejecución fue muy bajo: apenas quedó una gran explanada sobre la que se efectuaron movimientos de tierra, una red de alcantarillado y una estación depuradora «sin terminar», según el informe.

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