El informe de la instructora del Tribunal de Cuentas (TC) que detalla un cúmulo de presuntas irregularidades en la gestión del ruinoso y paralizado parque estratégico de Valpark acredita los gastos por duplicado en los que incurrió el Ayuntamiento de Vallada con la instalación de dos monopostes publicitarios que acabaron costando la astronómica cifra de 378.000 euros sorteando la Ley de Contratos. El examen desplegado por el organismo fiscalizador de lo público a raíz de una auditoría previa de la Sindicatura de Comptes sitúa a una agencia de cabecera del PP de València, Trasgos Comunicación, SL, como la principal beneficiaria de la operación.
En el marco de la investigación del caso Taula, que sigue en fase de instrucción, la UCO atribuye a esta empresa un papel supuestamente clave en la presunta financiación irregular de la campaña de los populares de 2011, al haber indicios de que podría haber servido para canalizar donaciones en B de constructoras en concepto de servicios ficticios que terminaban sufragando gastos del partido.
La documentación analizada por el Tribunal de Cuentas se remonta al 1 de marzo de 2007, cuando el consejo de administración de la sociedad instrumental creada por el gobierno municipal de Vallada (PP) para desarrollar Valpark, la SGPEV, adjudicó los monopostes a Trasgos sin concurso por 121.800 euros. La oferta comprendía la cimentación para la colocación de los paneles publicitarios a pesar de que en el acuerdo se especificaba que la obra civil quedaba excluida, puesto que había sido contratada en el mismo consejo administración a Romefer, SL por 164.462 euros. La instructora del TC subraya que ambas adjudicaciones incluían gastos solapados, aunque lo atribuye a una «descoordinación» y no ahonda más. Sin embargo, mientras que a Romefer se le pagó el importe íntegro del contrato mediante un cheque bancario, Trasgos giró una factura rebajada en 9.280 euros respecto a lo acordado, restando los trabajos de cimentación no realizados. Este recibo fue abonado por transferencia a la cuenta bancaria de la mercantil. Pero el Tribunal pone el foco en que a Romefer, SL se le pagaron 31.508 euros por partidas de excavación u hormigón correspondientes a la cimentación, una cantidad muy superior a la que se le descontó a Trasgos por los mismos conceptos no ejecutados.
Por otra parte, la empresa Civilex, SL cobró 11.972 euros en 2009 por colocar un vinilo en impresión digital en las dos torres, otro trabajo que también estaba ya incluido previamente en el contrato con Trasgos. Para la instructora, dicha factura se corresponde con un «gasto injustificado», por lo que «hubo una duplicidad de pago».
El giro final de los acontecimientos tuvo lugar en julio de 2008, cuando la UTE que se adjudicó por 46 millones de euros las obras de urbanización de Valpark, Ferrovial-Guerola, volvió subcontratar a Trasgos Comunicación, SL el montaje de los monopostes, pese a que en esa fecha ya estaban instalados y pagados. Una circunstancia que no impidió que la UTE incluyera de nuevo entre sus certificaciones el gasto de los paneles publicitarios por un importe de 89.161 euros, posteriormente cobrado por Ferrovial dentro del llamado Plan Montoro, en 2012.
Un perjuicio subsanado en parte
El Tribunal de Cuentas sostiene que este pago «no se corresponde con una contraprestación real» y supuso un perjuicio para las arcas municipales. Entre las cantidades por valor de 1,5 millones de euros que -como ayer avanzó este diario- la entidad ha reclamado en su acta de liquidación provisional a los exalcaldes Fernando Giner y Vicente Perales y al exsecretario municipal, sin embargo, no se incluye ninguna partida relativa a los monopostes. En primer lugar, la cuantía de 89.161 euros ha sido recientemente reintegrada por Ferrovial al consistorio de Vallada en el marco del acuerdo por el cual la multinacional ha devuelto 4,2 millones de euros a las arcas municipales cobrados indebidamente, a cambio de que la corporación renuncie al litigio penal que mantenía contra ella.Pese a las irregularidades, sobre el resto de gastos duplicados no se exigen responsabilidades porque no estaban contemplados en el informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes que dio pie al procedimiento de reintegro por alcance, al que debe ceñirse el TC. Romefer y Civile obtuvieron de la empresa pública de Vallada 907.812 euros en contratos a dedo que eludieron los principios legales de publicidad y concurrencia.
