El Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de la Comunitat Valenciana ha vuelto a señalar al alcalde de Aielo de Malferit, José Luis Juan Pinter, del PP, por sus incumplimientos. En este caso, por no satisfacer, de manera reiterada, la petición de documentación pública que reclama desde hace casi dos años la Associació Veïnal d'Aielo de Malferit. La resolución del Consell de Transparència, cuarta en contra del alcalde, «pone fin a la vía administrativa» y abre la posibilidad de que el demandado, es decir el alcalde, recurra pero ya en el juzgado: ante el Tribunal Superior de Justicia, si así lo estima oportuno. Y avisa a Pinter que sus reiterados incumplimientos están tipificados como «graves» y «muy graves», según la documentación a la que ha tenido acceso este diario.
En una resolución fechada el pasado 16 de abril pero a la que Levante-EMV ha tenido acceso ahora, el Consell de Transparència «estima la reclamación» del presidente de la asociación, quien desde el 10 de noviembre de 2017 pidió un informe detallado de las inversiones realizadas por la empresa durante la duración de la concesión para la gestión del servicio público de agua potable y alcantarillado. El órgano oficial de la Generalitat que es el Consell de Tranparència daba un mes (que ya ha transcurrido) al alcalde de Aielo para facilitar dicha información, e invita «al reclamante a que comunique a este Consell cualquier incidencia que surja en la ejecución de esta resolución y pueda perjudicar sus derechos e intereses». Pero Juan Pinter no se da por aludido ya varios días después de transcurrido el plazo, el jueves, no ha cumplido con lo que se le ordena desde el Consell que preside Ricardo García Macho.
El Consell insiste en que «el acceso a la información reconocido al reclamante por parte del Ayuntamiento de Aielo» no ha sido satisfecho «una vez transcurridos los plazos preceptivos y por silencio administrativo», y recuerda al consistorio que preside Pinter que la Ley de Transparència, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana «califica como infracción grave el incumplimiento reiterado de la obligación de resolver dentro de plazo la solicitud de acceso a la información pública» y que considera «infracción muy grave el incumplimiento de las resoluciones dictadas en esta materia por el Consell de Transparència [...] en las que se resuelvan reclamaciones», como es el caso. De ahí que este órgano de la Generalitat recuerde al alcalde que «está habilitado para instar a la incoación de expedientes disciplinarios o sancionadores de acuerdo con la referida ley», algo que el Consell no descarta hacer dada la reiterada actitud de Juan Pinter, quien acumula decenas de reclamaciones desoídas.
