Transcurridos 16 días de la investidura de Mai Castells (Compromís) como alcaldesa de Canals, las negociaciones a tres bandas para el reparto de los cargos y concejalías del nuevo gobierno discurren entre bambalinas con total discreción, mientras el foco sigue puesto en el papel que ocuparán los dos concejales tránsfugas repudiados por Ciudadanos tras desoír las directrices del partido en materia de acuerdos.
A la espera de que se concrete esa nueva estructura, la oposición socialista caldeó el sábado el ambiente al advertir de las «implicaciones legales y personales» que podrían derivarse de la decisión de asignar competencias de gobierno y retribuciones a los ediles no adscritos, contraviniendo el Pacto estatal Antitransfuguismo.
Y no solo eso. El artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local prohíbe que los tránsfugas obtengan un beneficio del hecho de haber abandonado el partido con el que concurrieron a las urnas. «Los derechos económicos y políticos de los concejales no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia», reza la norma. El Tribunal Superior de Justicia la aplicó recientemente en la Font de la Figuera, donde una regidora expulsada de Ciudadanos ha sido obligada a devolver todos los emolumentos percibidos durante los últimos cuatro años después de que una sentencia anulara los nombramientos con los que el alcalde (de Compromís) le recompensó por su apoyo en la investidura de 2015.
El PSPV de Canals asegura que la «incertidumbre política se ha instalado en el ayuntamiento» y ha «paralizado la gestión municipal». En su comunicado, los socialistas sostienen que el pacto entre Compromís, Cs y Canals en Moviment «es antinatural y tiene efectos negativos sobre la imagen del consistorio», a tiempo que reprochan al aparato de la coalición nacionalista que lo autorizara, «saltándose el Pacte del Botànic y su propio código ético para pactar con la derecha, con el único interés de la alcaldía», mantienen. El PSPV afirma que Compromís, como fuerza más votada de la izquierda, le exigió «un cheque en blanco para la investidura, sin ningún proyecto, un día antes de la misma y tres semanas después de las elecciones». La oposición también opina que se está usando la radio municipal «de forma interesada para blanquear el pacto, con entrevistas sesgadas sin dar voz al resto de grupos».
En busca de la organización eficaz
La alcaldesa de Canals, Mai Castells, declinó ayer responder a las acusaciones del PSPV y se limitó a indicar que está centrada en la configuración del gobierno. Desde Canals en Moviment precisaron que esta semana se acabará de concretar la nueva estructura, debatida «desde el día siguiente de la elección de la alcaldesa». El objetivo pasa por dar encaje a las tres patas del acuerdo de manera que «cada persona ejerza las funciones más adecuadas» y se consiga «la organización más eficaz», que «redunde en lo mejor para el pueblo». CEM también niega el «desgobierno» señalado por los socialistas.
