Pilar tiene 44 años y sufre diversos trastornos psicológicos crónicos que le impiden llevar una vida normal. Oficialmente, le calcularon una discapacidad del 39 %, pero si hay un número que esta vecina de Ontinyent tiene grabado en la mente es el 19 de diciembre de 2019, la fecha en que el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de la localidad ha señalado su desahucio por impago del alquiler.

Pilar, que vive sola, suscribió el contrato de arrendamiento de una vivienda de la calle Cantalar Sant Carles el 11 de junio de 2016. Sin embargo, después de algunos retrasos, en enero de este año la inquilina dejó de abonar en la cuenta del propietario del inmueble la cuota mensual de 200 euros comprometida, hasta acumular una deuda de 1.100 euros que desembocó en una demanda en los tribunales de Ontinyent.

La afectada asegura que no ha podido cumplir con las cantidades porque ha visto reducidas las percepciones procedentes de la administración con las que había contado hasta ahora para subsistir. «He pedido ayuda en los servicios sociales, pero me veo sin ninguna alternativa adonde ir. No tengo familia y no puedo trabajar», afirma Pilar, que echa mano de «vales de comida y medicinas» cada 15 días para salir adelante. Por indicación médica, se halla bajo tratamiento farmacológico por sus dolencias mentales y ha de tomar abundante medicación.

Desde el Ayuntamiento de Ontinyent recalcan a este diario que la afectada «está siendo atendida ininterrumpidamente y de manera integral desde 2015 con ayudas y rentas de apoyo social», en función de la evaluación practicada por los profesionales sociales. Las mismas fuentes municipales sostienen que la vecina sujeta al desahucio fue objeto del último pago en mayo. En junio, el juzgado admitió la demanda contra Pilar y emplazó a la inquilina a desalojar la vivienda voluntariamente en un plazo de diez días, recordándole la obligación de abonar la deuda pendiente con el propietario. El lanzamiento, en cualquier caso, se ha fijado para dentro de cinco meses, en diciembre. Previa petición y consentimiento de la demandada, el auto judicial al que ha tenido acceso este diario abría la puerta a suspender el procedimiento de ejecución durante un máximo de un mes, en caso de que los servicios públicos en materia de política social intervengan acreditando que la afectada se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica.

De esta forma, deberían arbitrarse medidas de protección que evitaran el desamparo de Pilar y le brindaran una alternativa de residencia. Fuentes cercanas a la mujer sostienen que están tratando de recaudar dinero para facilitarle la asistencia.

Sin recursos

Pilar no puede recurrir a nadie, insiste. Sus padres han fallecido y carga con algunos acontecimientos trágicos que le han marcado. La afectada muestra un informe psiquiátrico aparejado a su solicitud de reconocimiento de discapacidad por el que se le diagnosticó tiempo atrás un posible trastorno de personalidad y una «depresión persistente» que está ligada muy directamente a los problemas económicos que sufre y que deriva «en conductas de aislamiento social» y otros conflictos similares. Las condiciones en las que vive evidencian los graves problemas a los que se enfrentan las personas con problemas psicológicos y sin recursos.