Menudo guirigay social se monta por estas fechas con los salarios de nuestros excelsos responsables políticos. Como es una de las primeras decisiones que se toma en cualquier ayuntamiento y dado que afecta a algo tan sensible como es el bolsillo, es fácil entender que se produzca una especie de sarpullido social ante un hecho que debería estar ya asumido, sin demagogias baratas, ya que existe la regulación necesaria.... aunque en todo caso resulte poco reguladora en realidad.
Lo que está claro es que quien se dedica a la imprescindible y loable actividad política de forma exclusiva, con honestidad y eficacia, entendida como servicio público y bla, bla, bla? ha de percibir una remuneración digna y suficiente. Pedir que lo hagan gratis significaría que sólo los pudientes, los rentistas, los pensionistas de gama alta podrían dedicarse a la labor, porque quien más y quien menos ha de ganarse las lentejas y tener garantizada su supervivencia. Pagar salarios de miseria, en consonancia ciertamente con los que percibe gran parte de la sociedad, sería obligarlos a pasar estrecheces que les harían más vulnerables ante previsibles tentaciones, aunque también más conocedores de lo que son las miserias cotidianas de la gente. Por otra parte, abonar salarios desproporcionados, astronómicos, descompensados en relación al puesto obtenido y sobre todo, con la responsabilidad a desempeñar, es añadir un reclamo indebido, susceptible de atraer a pícaros y tunantes más interesados en la pasta que en una tarea que sólo puede ejercerse desde la vocación de servicio, la creencia en lo público, y bla, bla, bla, otra vez.
Lo cierto es que sí que existe una regulación al respecto gracias a Cristóbal Montoro, aquel señor calvo y algo maléfico que intentó poner algo de orden en las retribuciones de los ediles y alcaldes a través de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, allá por 2013. Para ello fijó un tope para las percepciones de alcaldes y concejales en función de la población afectada. Pero lo cierto es que se quedó algo corto o se pasó de largo, según se mire. Porque sucede que el 90% de los alcaldes no supera la línea roja; eso sí, rozan amorosamente ese techo máximo fijado por el Gobierno.
La escala asigna a alcaldes de poblaciones entre 20.000 y 50.000 habitantes como Xàtiva un salario máximo de 58.372, o en el extremo inferior permite percibir hasta 42.000 euros aproximadamente a quienes dirigen ayuntamientos de entre .1000 y 5.000 habitantes. Por ello, entre las 8.131 personas que agarran bien firme la vara de mando tras las últimas elecciones, la disparidad puede ser absoluta. Hay más de 2.500 alcaldes o alcaldesas que no perciben un euro por su tarea, pero muchos más que, añadiendo a su generoso sueldo lo que perciben por otros cargos, por ejemplo en las diputaciones, acaban su mandato con una hucha bien llena.
Por los servicios prestados
Quizás para evitar ese escándalo social que producen algunas salidas de tono económico de alcaldes que se quieren mucho y se valoran más, aunque cumplan estrictamente la ley, se podrían manejar otros criterios como el grado de saneamiento de las arcas municipales o la calidad democrática y vida participativa del municipio. Algo así como una especie de reconocimiento económico, mucho más valorado que cualquier medalla honorífica, en función de la calidad contrastada de la gestión política según una evaluación objetiva sustentada en la sagrada opinión de la ciudadanía. Algo así como establecer una relación entre los problemas resueltos y las mejoras consolidadas y el salario percibido. Suena algo marciano, es cierto, pero sobre todo lejano, si hay que esperar que vuelva Montoro para legislarlo.
