La administradora y el responsable de contratación de un aserradero de Moixent han sido condenados por la Audiencia Provincial de Castelló a ocho meses de prisión y al pago de una indemnización de 263.000 euros como consecuencia de las graves lesiones sufridas por un operario inmigrante sin contrato de trabajo.
Los hechos se remontan a 2014, cuando el Ayuntamiento de Zucaina (Castelló) encomendó al aserradero situado en la carretera de Navalón la tala de un conjunto de árboles en la sierra. La empresa subcontrató a su vez a otra mercantil gestionada por dos ciudadanos de origen rumano que hicieron venir a España a un compatriota para que desplegara la tarea, haciéndole llegar a Rumanía el dinero necesario para el traslado. El operario se alojó en una casa junto a otros compatriotas que trabajaban para la misma empresa y comenzó de forma inmediata a cumplir con su labor, sin haber firmado contrato laboral alguno, sin estar dado de alta en la Seguridad Social y sin haber recibido formación en materia de riesgos laborales.
Al trabajador se le hizo entrega de una motosierra cuyo cierre automático de seguridad no funcionaba. En febrero de 2015, cuando se hallaba talando árboles entre las localidades de Zucaina y Montanejos, un ejemplar cayó sobre sus piernas y el elemento cortante de la motosierra impactó sobre su brazo izquierdo, provocándole unas heridas que precisaron de diversas intervenciones quirúrgicas. El operario permaneció 12 días hospitalizado y tardó en sanar de sus lesiones 576 días. El accidente le dejó como secuelas la parálisis parcial de los nervios del brazo y un perjuicio estético considerable. El hospital La Fe reclamó 5.360 euros por la asistencia sanitaria del operario, a cuyo pago han sido condenado los responsables de la empresa subcontratada, que tenía a varios trabajadores a destajo «desde que salía el sol hasta que se ponía» seis días a la semana con un sueldo rondaba los 1.600 euros, en función de los árboles talados.
La defensa de la citada mercantil adujo que la víctima no había sido autorizada a subir al monte a trabajar hasta que le hicieran el contrato, afirmación negada tanto por el propio operario como por otro testigo rumano que declaró que también comenzó trabajando sin contrato y que le habían ofrecido dinero para que no testificara en el juicio. La víctima declaró que dicha empresa le había hecho una transferencia de 4.480 euros a favor de su novia en Rumanía «para facilitar el ocultamiento de lo sucedido» y con tal de que mantuviese que había sufrido un accidente particular mientras cortaba leña para sí mismo.
La Fiscalía pedía penas superiores
La sentencia, que no es firme y está pendiente de recurso de casación, concluye que la firma de Moixent «permitió que se convirtieran en papel mojado las obligaciones asumidas a resultas del contrato de compraventa forestal celebrado con el Ayuntamiento de Zucaina relativas a las materias de formación y prevención de riegos laborales», desentendiéndose completamente del personal subcontratado. Los acusados derivaron la responsbilidad sobre un hermano de ambos al que señalaban como verdadero administrador.
La Fiscalía pedía penas de 2 a 5 años de prisión para los cuatro encargados de las dos empresas involucradas, pero la Audiencia ha rebajado el castigo a 8 meses. Ninguno tiene antecedentes, con lo que no entrarán en la cárcel pero deberán cumplir la pena de inhabilitación. Los responsables de la mercantil subcontratada han sido absueltos del delito contra los derechos laborales.
