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Informe de fiscalización

Las firmas municipales duplican pérdidas y los recibos "en el cajón" repuntan un 1%

La memoria de la Sindicatura de 2017 detecta un déficit de 569.100 euros en las empresas públicas y 2,39 millones en facturas pendientes de aplicar al presupuesto en la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida

El saneamiento de las cuentas de los ayuntamientos de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida no termina de trasladarse a las empresas públicas municipales. El último informe de fiscalización de las entidades locales publicado ayer por la Sindicatura de Comptes, correspondiente al ejercicio de 2017, detecta un volumen total de pérdidas de 569.126 euros en siete sociedades mercantiles que reflejan una situación de números rojos en el ámbito de los 61 consistorios de las tres comarcas. En teoría, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local de 2013 preveía la disolución de las firmas que no fueran solventes en un plazo de dos años, aunque la práctica ha sido otro cantar.

Una prueba de ello es la empresa Promoción Económica de Xàtiva, SA (Proexa), que se dedica a la compraventa de aparcamientos y encadena balances negativos ejercicio tras ejercicio. Sus pérdidas se incrementaron un 14% en 2017 respecto al año anterior, hasta alcanzar los 170.199 euros. Pese a las promesas, el ejecutivo no ha sido capaz hasta ahora ni de reorientar la entidad ni de reflotar del todo su situación económica.

Otra empresa clásica en el listado cuyas pérdidas aumentaron en 2017 fue la Societat de Gestió Pública d'Albaida (Gestiona, SLU), cuyo resultado negativo pasó de los 13.981 euros a los 212.114 € en un solo año. El consistorio inició hace tiempo el proceso de liquidación de esta mercantil, sobre cuya gestión no han dejado de recaer deudas procedentes del mandato del PP y otras complicaciones que dificultan su disolución definitiva.

Otras tres mercantiles que repiten en el informe de la Sindicatura son PENSA en Novetlè (con unas pérdidas de 8.602 eurosen 2017 ), La Granja Desarrolla, SL (con un resultado negativo de 20.251 euros) e Innova en Montaverner (con pérdidas de 3.140 euros e incidencias en sus estados contables). Pero la mercantil que generó un agujero más grande en el ejercicio de 2017 en el territorio fue la Societat per a la Promoció de la Vall d'Albaida, SA (Soprova), dependiente de la Mancomunitat de esta comarca, con unas pérdidas de 117.455 euros.

La empresa pública de Canals, Risoncha, SL, también incurrió en números rojos en 2017, con un déficit de 37.365 euros que destapó críticas a la gestión y un terremoto político a nivel local. El nuevo Govern del Sants de Canals se ha comprometido a promover una auditoría para esclarecer las actuaciones desplegadas en los últimos ocho años y para conocer con detalle la situación actual de Risoncha, dedicada a la limpieza de edificios públicos y a actividades de estampación. El ejecutivo fija como prioridad «minimizar el déficit contable» de esta sociedad.

Recibos pendientes de aplicar

La Sindicatura revela que los ayuntamientos de las tres comarcas cerraron 2017 con 2,39 millones de euros en facturas pendientes de aplicar al presupuesto, dentro del conocido como «saldo de la cuenta 413», un mecanismo legal que permite alargar el plazo de 30 días para pagar a proveedores. La cuantía es un 1% superior a la contabilizada en 2016, aunque se redujo drásticamente en consistorios como Bolbaite, la Llosa de Ranes, Moixent, Quesa y Castelló de Rugat. En cambio, el volumen de obligaciones con acreedores «en los cajones» alcanzó los 179.650 euros en Xàtiva, los 650.552 euros en la Mancomunitat de la Vall d'Albaida o los 165.479 euros en l'Alcúdia de Crespins. El Ayuntamiento de Ontinyent volvió a ser el que más facturas acumuló en la cuenta 413, con 674.311 euros, un 9% más que en 2016. La Sindicatura subraya que los gastos no aplicados al presupuesto «pueden suponer un riesgo para la sostenibilidad financiera de las entidades locales».

Aunque la práctica de guardar facturas en los cajones para maquillar las cuentas ha retrocedido de forma notable en los últimos años, no ha desaparecido del todo. Los consistorios, eso sí, suelen atribuir estos recibos pendientes a deudas que no pudieron asumir dentro del ejercicio corriente por falta de tiempo material para consignar los fondos necesarios.

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