M ientras veíamos como en la Costera se constituía la nueva Mancomunitat, en la Vall d'Albaida impera la siesta y el «dulce farniente». No están los calores de los consellers valldalbaidins, aunque se amortigüen con aires acondicionados, como para acudir al tajo a debatir, consensuar y gestionar. Toda vez que esta institución no es «decisiva», a la hora de asignar sueldos y prebendas. De hecho, alguien que se supone „cuando lo nombraron presidente de la Diputació de València„ iba a velar y engordar las competencias de la Mancomunitat de Municipis valldalbaidina, nutriéndolas obviamente, no solo no se aplicó a ejercer de mecenas institucional del organismo comarcal, sino que también, según lamenta un exconcejal desafecto a su temerario proyecto de La Vall ens Uneix, le reprochó que «encima de no cerrarla, además iba a salvarla». Sí, digo del reconvertido comarcalista Jorge Rodríguez, aunque de momento su comarcalismo está más bien en los huesos.
Sea como fuere, al no estar constituida la nueva Mancomunitat, como marca la normativa, no hay agenda de trabajo que aborde ninguna prioridad. Y una preferencia, por la que ya vienen reclamando algunos municipios de la Safor, está ligada a las consecuencias que les acarreará la supresión del peaje en la AP-7 a partir de 2020. Se supone que algo tendrán que decir los 34 municipios de la Vall sobre la pretensión de seguir con unos privilegios dichos municipios, a costa de esa institución pública a extinguir llamada Diputació. En lo concerniente a la noticia de la que se hacía eco este diario: «Oliva pide a la diputación que compense parte de las pérdidas del IBI por la AP-7». Y así un buen puñado de municipios de la Safor, que después de haber tenido durante más de 40 años la mentada autopista a la puerta de casa, encima eran agasajados por la empresa concesionaria, en concepto de IBI, que en el caso más elevado, Oliva, ascendía a 351.000 euros anuales. Un agravio para otros municipios como los valldalbaidins, que sumaban al costo de tener lejos la autovía, las dificultades de su acceso, al carecer de un enlace viario directo entre la Vall d'Albaida y la AP-7.
Por eso, de no andar a la bartola, los consellers valldalbaidins deberían ponerse a defender a la población de la Vall, no consintiendo que las arcas públicas de la Diputació discriminen a los municipios de esta comarca interior. Y no apelo a ese partido que en la pasada campaña electoral del 28M hizo campaña para obtener el diputado del partido judicial de Ontinyent, que en realidad representa a la mitad de los municipios de la Vall. Ya que LVEU vendió una inaudita defensa de los intereses de todos los habitantes de la comarca, pero que una vez conseguido su propósito de asegurarse dos sueldos bien retribuidos de la Diputació, espetaron el consabido «si te he visto, no me acuerdo». Por tanto, nadie debe esperar que el diputado Joan Sanchis de un palo al agua por la comarca. ¿Por qué los municipios de la Safor, en vez de acudir al pesebre público de la diputación para que les mantenga la bicoca, no equilibran sus arcas y le reclaman el IBI a la Iglesia? Como al parecer si va a aplicar el de València.
Por otra parte, ¿Por qué el gobierno ontinyentí de Rodríguez, dado que el ARRU está finalizando («Ontinyent amplía a finales de 2019 el plazo de ejecución de las obras del ARRU», según Levante-EMV del 5 de junio de 2018) se muestra tan generoso con la empresa Vetges Tú, al adjudicarles «la asistencia técnica de los proyectos urbanísticos de Ontinyent» mediante un contrato que asciende a 158.700 euros? ¿O es que van a extinguir la numerosa y mejor retribuida Oficina Técnica municipal? Al parecer una de las dos partes sobra, que digan ya cuál.
