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Nueve años de inhabilitación para el exalcalde de Benicolet por conceder licencias ilegales

El juzgado condena a Enrique Valle (PP) y a un arquitecto municipal por prevaricación urbanística entre los años 2006 y 2007

Nueve años de inhabilitación para el exalcalde de Benicolet por conceder licencias ilegales

Nueve años de inhabilitación para el exalcalde de Benicolet por conceder licencias ilegales

Entre 1995 y 2007, Enrique Valle fue alcalde de Benicolet (la Vall d'Albaida, 582 habitantes) bajo las siglas del PP. Doce años después de abandonar el cargo, el juzgado de lo penal nº12 de València lo ha condenado a 9 años de inhabilitación especial para el desempeño de cualquier puesto público, así como al pago de una multa de 6.840 euros, como autor de un delito continuado de prevaricación urbanística. La magistrada Mercedes Sierra sitúa a Valle, de 66 años, al frente de un «plan preconcebido» para conceder licencias en suelo no urbanizable independientemente de su legalidad, como se ha acreditado al menos entre 2006 y 2007. La pena podría haber sido mayor, pero las dilaciones indebidas del procedimiento judicial, que se ha alargado durante una década desde que se abrieron las primeras diligencias, han ejercido como atenuante.

La sentencia dictada esta semana, que no es firme y está pendiente de recurso, también condena a siete años y un mes de inhabilitación pública al arquitecto técnico municipal José Héctor B. M., como responsable de otro delito de prevaricación urbanística, a raíz de su papel en la concesión de una licencia ilegal a un exconcejal del PP sobre cuya vivienda pesa a día de hoy una orden de derribo. El profesional, desligado de Benicolet, ha estado trabajando en los últimos años para diferentes consistorios de la Vall d'Albaida y la Costera como Castelló de Rugat, Novetlè, Benissuera o Pinet. De ratificarse el fallo, que le impone una multa de 4.680 euros, no podría continuar en la administración. En 2015, el arquitecto fue de número dos en la candidatura del PP de El Palomar. Durante el juicio estuvo defendido por el último exalcalde popular de l'Olleria.

La condena parte de una denuncia formulada en 2007 por la Fiscalía, que pidió para cada uno de los procesados 9 años de inhabilitación y un multa de 10.260 euros. Un vecino y empresario de Benicolet que destapó los hechos ejerció como acusación popular en la causa, representado por el abogado José Ángel Olivares, que solicitaba penas de hasta 4 años de cárcel para el exalcalde Valle.

Apoyándose en 19 documentos que apuntalan la acusación, la jueza considera acreditado que el excargo público resolvió conceder cuatro licencias de obras a otros tantos vecinos de la localidad «a sabiendas de que todas ellas eran contrarias a las normas de ordenación territorial». Tres de esos permisos urbanísticos fueron otorgados a pesar de los informes claramente desfavorables emitidos por los técnicos municipales. Uno de los arquitectos que trabajaron para el ayuntamiento llegó a declarar en sede judicial que el exalcalde le había pedido que emitiese informes favorables para justificar las licencias de obra incluso en los casos en los que estimaba que los proyectos solicitados incumplían la ley, algo a lo que éste se negó.

Para poder aprobar uno de los permisos enjuiciados, Valle llevó a pleno una propuesta de eliminación de la prohibición establecida en el Plan General de construir viviendas en suelo no urbanizable en un radio de 200 metros alrededor del casco urbano. El exalcalde, que defiende su inocencia, dio otra licencia condicionada a una modificación del PGOU que nunca llegó a plantearse y, en todos los casos, consintió que las edificaciones se construyeran pese a su ilegalidad. En un pleno, el exalcalde incluso ordenó que desapareciera «la palabra desfavorable» de un informe técnico para que continuaran unas obras irregulares, después de aprobar una supuesta rectificación de las normas urbanísticas que, sin embargo, nunca llegó a entrar en vigor porque, tras dar aparencia de legalidad a la licencia en cuestión, no se inició el correspondiente procedimiento legalmente establecido.

Informe contrario a la ley

En el caso del permiso por el que es condenado el arquitecto, previamente el promotor había iniciado las obras de su vivienda sin licencia en suelo no urbanizable y la conselleria había ordenado el derribo de la construcción. Dos días antes de las elecciones de 2007, José Héctor B. M. emitió un informe favorable a la autorización urbanística que el propietario había solicitado el día anterior, «a sabiendas de que contravenía las normas urbanísticas porque no se cumplía el requisito de la extensión mínima de una hectárea», según la jueza. El mismo día en que se hizo el informe, el 25 de mayo, Enrique Valle concedió al promotor la licencia, que más tarde sería anulada por la justicia tras impugnarla la conselleria. Un informe de la Guardia Civil apuntó a las relaciones de parentesco de algunos beneficiarios de las licencias con concejales, aunque la jueza no dio valor a esta prueba. El actual alcalde de Benicolet, del PP, también permanece como investigado en otra causa urbanística.

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