El 14 de junio de 2019, un día antes de tomar posesión en el ayuntamiento la teniente de alcalde y regidora de Urbanismo de Benicolet, J. S. C. (PP), el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ratificó la orden de derribo que pesa desde septiembre de 2014 sobre la vivienda unifamiliar levantada en suelo no urbanizable por su marido, Vicente José S.C, exconcejal y expresidente local del PP.
Al propietario, la sala del órgano judicial le impuso el pago de 900 euros en costas procesales, una cuantía que se suma a los apercibimientos económicos por no cumplir con el mandato de la restauración de la legalidad urbanística, cinco años después de la sentencia firme que anuló la licencia de obras de la construcción, concedida en 2007 de manera irregular. Se trata de uno de los cuatro permisos ilegales por los que el exalcalde de Benicolet Enrique Valle (PP) acaba de ser condenado a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación urbanística. Pese a ello, el promotor de la vivienda ha presentado un nuevo recurso de apelación que trata de invalidar la orden de demolición.
La demora del procedimiento ha conducido al denunciante de los hechos, el empresario y exregidor independiente José Santamaría, a dirigir al actual alcalde de la localidad, Mateo Prats (PP), un escrito en el que solicita la inmediata ejecución del fallo de 2014, advirtiendo de su intención de llevar al equipo de gobierno a los tribunales por «prevaricación por omisión» si persiste la «inactividad» respecto al cumplimiento de la orden de derribo, recordando las posibles «consecuencias penales» de la dilatación de los plazos. Hace unos 15 años, Santamaría sorprendió trabajando en las obras del chalé al entonces concejal de Urbanismo del PP, José Desiderio C., carpintero de profesión. El edil, que fue captado en una imagen descargando unos marcos junto al propietario de la casa, declaró en el juicio que desconocía la existencia de la construcción ilegal. Ahora, el denunciante sostiene que el consistorio podría estar «favoreciendo de manera deliberada y consciente el mantenimiento de una situación totalmente ilegal» por «motivos ajenos al interés público», cuestión que -incide el escrito- «se ve agravada por la circunstancia de que la actual regidora y teniente de alcalde de Benicolet es esposa del denunciado promotor de la obra ilegal».
El equipo de gobierno del PP -que gobierna en minoría- ya negó en 2015 las acusaciones de pasividad, asegurando que en todo momento actúa «conforme dictan los jueces», haciendo hincapié en las multas impuestas al infractor por incumplir la orden derribo -dictada hace dos legislaturas por el actual alcalde- y apelando a un auto judicial que avaló la actuación municipal y descargó en el propietario toda responsabilidad del retraso de la restauración urbanística
Pero la instancia del denunciante invoca jurisprudencia del Tribunal Supremo para subrayar que la administración local «está obligada a cumplir la sentencia firme para evitar que las situaciones ilegales se perpetúen en el tiempo», con independencia del proceso judicial posterior derivado de la impugnación del derribo. «La orden demolitoria de lo edificado al amparo de una licencia anulada es un pronunciamiento implícito, necesario y derivado del procedimiento anulatorio... la demolición no requiere un nuevo proceso distinto del celebrado», subraya una sentencia señalada del Supremo.
En 2007, la Conselleria de Territori y Habitatge ya ordenó la suspensión y posterior restauración urbanística de las obras ilegales. Pese a ello, dos días antes de las elecciones de ese año, un arquitecto municipal emitió un informe favorable a la licencia «a sabiendas de que contravenía las normas urbanísticas porque no se cumplía el requisito de la extensión mínima de una hectárea», hecho por el cual el técnico también ha sido condenado recientemente a la pena de 7 años de inhabilitación. El mismo día en que se hizo ese informe, el ?? de mayo, el exalcalde Enrique Valle concedió al promotor vinculado al PP la licencia, más tarde anulada por la justicia.
Un fallo que ha de cumplirse
En el último pronunciamiento del TSJCV, que valida la orden municipal de derribo, los magistrados cerraron la puerta tanto a una posible legalización de la vivienda como a la prescripción de los hechos delicitivos, argumentada por el propietario. La defensa del Ayuntamento de Benicolet reconoció en su respuesta al recurso que está actuando «en cumplimiento de un mandato judicial cuyo fallo debe ser ejecutado en vía administrativa», en alusión a la sentencia de 2014 que anuló los permisos de la construcción.
Ante el tribunal, el consistorio hizo hincapié en que las resoluciones recurridas por el promotor se adoptaron como consecuencia de la ejecución de una sentencia «y por lo tanto no se puede pretender que tales actuaciones sean revisadas por otro órgano judicial distinto» porque «no se han modificado los presupuestos que motivaron la anulación de la licencia».
