El nuevo alcalde de la Granja de la Costera, José Miguel Marín (PP), ha expuesto a los vecinos la situación económica del consistorio a su llegada a la alcaldía. Según el balance, que retrata las cuentas municipales a fecha del 7 de diciembre, el consistorio adeuda 137.082 euros, el 60 % del presupuesto municipal anual, recalcan los populares, que también apuntan que el anterior gobierno del socialista Juan Carlos Garrido solo dejó 1.157 euros.
El ejecutivo de Marín detalla, en las deudas heredadas, el capital pendiente de abonar de los préstamos bancarios (unos 52.000 €); las pólizas de crédito para el pago de nóminas a trabajadores municipales (unos 32.500); o la participación de los tributos del Estado de los años 2016 y 2017, que el Ministerio de Hacienda transfiere a los ayuntamientos. El nuevo gobierno —surgido de las elecciones del pasado 17 de noviembre, después de repetirse los comicios tras anularse los de mayo— señala también los pagos pendientes a la Diputació de València por el sistema de información geográfica (131,50 €); a Girsa por la recogida de basura y la recogida de papel y cartón de noviembre de 2019 —mes en el que el anterior gobierno estaba en funciones, ya que las elecciones fueron el día 17— y cuyos pagos pendientes ascienden a 499,11 y 157,29 euros, respectivamente. También detallan las deudas a empresas de pirotecnia, espectáculos de las fiestas, o de material herbicida (que en conjunto suman 2.702 euros); o a una empresa de telefonía, por la retirada de una antena (13.416 €). Reseñan las deudas a las empresas de las bicicletas públicas y del mobiliario en el parque (8.470 y 6.050 €).
El gobierno de José Miguel Marín señala que se trata de una situación económica «difícil y delicada», pero afirma que «podrá ser superada y no será obstáculo para que a la Granja de la Costera lleguen subvenciones, más incluso que en la pasada legislatura».
PSPV lo acusa de «irresponsable»
Ante este balance, el exalcalde y «responsable» de esta gestión acusaba ayer al ejecutivo de Marín de ofrecer «una información interesada, sesgada, irresponsable y poco seria». Carlos Garrido afirmaba que los datos ofrecidos por el nuevo gobierno «no se corresponden con la realidad». El portavoz del PSPV explicó ayer que la Generalitat y la Diputació «tardan en pagar las subvenciones y el dinero de los programas, en algunos casos un año, por lo que los ayuntamientos tenemos que avanzar el dinero para pagar nóminas y eso solo puede hacerse con pólizas de crédito y préstamos». Desde el anterior gobierno del PSPV indicaron que Diputació, que transfiere a los consistorios el dinero recaudado de impuestos, esta transferencia llegaba a mediados de diciembre. «¿Porqué realiza el balance económico el día 7 de diciembre, que es además en medio de un puente festivo, y no ofrece los datos a partir del 20 de diciembre, que es cuando las administraciones como Diputació o la Generalitat han transferido el dinero que nos deben?», censuraba. Respecto a la factura de la empresa de bicicletas el portavoz socialista afirmaba que «de esa factura no teníamos constancia. Si no ha llegado una factura, cómo vamos a pagarla»; y sobre los tributos del Estado, recordó que «es el dinero con el que el Gobierno compensa a los ayuntamientos por los tributos, pero es dinero que nos transfieren y que no hay que retornar», señaba. El PSPV acusó al nuevo alcalde de «no enterarse del funcionamiento de un ayuntamiento». Sobre los 1.157 euros dejados por el anterior gobierno, los socialistas se defendieron señalando que «si solo había mil euros, cómo hemos pagado nóminas, luz y otros gastos», apuntaban, manifestando que «es evidente la manipulación» de datos del PP.
El portavoz del PSPV reprobó al nuevo ejecutivo que presente unas cifras «que no se ajustan a la realidad, para dividir al pueblo», y censuró la «irresponsabilidad e incompetencia» del nuevo alcalde.
