La residencia de Navarrés indemnizará a un trabajador por despido improcedente. Es el fallo del juez de unJuzgado de lo Social de València, que ha declarado la improcedencia del despido y obliga a la empresa municipal Sogesna SLU, que gestiona la residencia de mayores Gumersinda Martínez, a readmitir o indemnizar al empleado indebidamente despedido.
En la sentencia, el juez declara que no han quedado acreditados los hechos que se le imputaban al trabajador, por lo que «declaro improcedente el despido», según señala en la sentencia. Tras el acto de conciliación entre ambas partes, el pasado mes de febrero, Sogesna admitía los hechos y se decantaba por extinguir el contrato con el empleado e indemnizarlo por los salarios no percibidos.
El trabajador, cocinero de la residencia, fue despedido en junio de 2018 por, supuestamente, robar comida del centro. Una «falta muy grave» en el convenio de residencias privadas, según Sogesna. El empleado demandó a la mercantil y en la sentencia del proceso, el juez declara que no ha quedado acreditada la apropiación de la comida por parte del empleado. «Los hechos imputados [...] adolecen de insuficiente determinación, en tanto que no se especifican las concretas fechas en las que acontecieron las supuestas apropiaciones de comida por el trabajador», añadiendo que esa acusación «no queda suficientemente acreditada con los testimonios de la directora y su supervisora [...] si fue el trabajador quien se apropió de los productos [...] o bien si los mismos eran en realidad excesos de producción o simples restos o sobras de las cenas servidas a los residentes».
El juzgado también reprueba a Sogesna que aplique el convenio de residencias privadas y señala que en el CAIPM Gumersinda Martínez, residencia de titularidad municipal que depende el ayuntamiento, el convenio que tiene que imperar es el de residencias públicas, y afirma que el convenio que corresponde a«las empresas que tengan adjudicada mediante contrato con alguna administración pública, la gestión de residencias de tercera edad» es el público. La residencia Gumersinda Martínez fue inicialmente de gestión privada, pero en 2013 fue rescatada por el Ayuntamiento de Navarrés, que desde entonces la gestiona a través de la empresa municipal Sogesna (Sociedad de Gestión de Suelo y Desarrollo Económico de Navarrés), cuyo consejo de administración preside la alcaldesa de Navarrés, Estela Darocas.
La sentencia a favor del cocinero es un aliciente para otros trabajadores que vienen denunciando problemas laborales y de acoso. En febrero pasado, tal como publicó Levante-EMV, empleados de esta residencia de mayores denunciaron los problemas laborales que sufren por no aplicárseles el convenio de centros públicos, y exponían que por ello perciben entre 200 y 300 euros menos al mes. Los trabajadores también denunciaron «acoso laboral», así como incumplimiento de las jornadas y los horarios,. Y aseguran ser objeto de «sobreexplotación» y de presiones «desde la dirección del centro», además de detectar irregularidades en la gestión del mismo.
Arrastra una elevada deuda
Sogesna emitió un comunicado tras estas últimas denuncias en el que reconocía que la Gumersinda Martínez es una residencia pública y que no se estaba aplicando el convenio de centros públicos por «razones de índole económica», ya que arrastra una deuda de más de 2,3 millones de euros que asumió el consistorio al rescatarla. Y añadían que con el convenio privado „que recorta derechos laborales„ pueden «incrementar el número de trabajadores», según justifican. Los empleados han pedido la intervención de la Generalitat Valenciana, ya que las plazas de la residencia son públicas y el centro recibe subvenciones de la Conselleria d'Igualtat para la gestión.
