Una «crisis». Lo que hoy se nombra como la crisis de 2008 —dándola por concluida, como si sus consecuencias no coleasen todavía— tuvo una manifestación descarnada, entre otras, en los desahucios. Para los directamente afectados (la primera acepción de desahuciar en el Diccionario RAE es contundente: «Quitar a alguien toda esperanza de conseguir lo que desea») y para quienes fueron físicamente próximos a ellos (los impagos a las comunidades de vecinos, el deterioro de las fincas, el acecho de okupadores para realquileres mafiosos, etc.). Si cada año se publica la lista de los mayores defraudadores a la Hacienda pública —grandes fortunas y grandes corporaciones—, ¿por qué no se hace algo similar respecto de los impagos en Comunidades de vecinos? ¿Quizás porque el mayor moroso en este sector, como se sabe, desde que se inició la «crisis» de 2008 es la banca?
La Comunitat Valenciana se encuentra en los puestos de cabeza de esta desgraciada vuelta a España de desahucios y consecuencias. Hablaré seguidamente de algunas de estas que bien conozco, ahorrando al lector los sinsabores y el estado de ansiedad que conllevan. Un problema secundario, desde luego, frente al de quienes se ven lanzados a la calle, pero igualmente reflejo de la avaricia voraz de la banca. Vivo en Xàtiva en una finca con tres viviendas y en 2009 una familia, que hasta poco antes hacía frente a su hipoteca, fue desahuciada. Nadie comunicó nada y los impagos por parte del nuevo propietario se acumulaban. En una primera visita a la entidad bancaria ahora parte integrante de la comunidad, la directora de la oficina no dijo más que «tendrán que abrir una cuenta con nosotros para tratar este asunto». Y, en la segunda, «tendrán que esperar a que se venda el piso». Delirante traspaso de responsabilidades.
Mareando la perdiz. Tiempo después supimos de la Oficina de Gestión Inmobiliaria (OGI) del banco que, tras un proceso largo y tortuoso de notificaciones, comenzó a abonar los pagos pendientes. Hasta que inopinadamente, meses después, dejó de hacerlo. Mediante un escrito en estas páginas (Daños colaterales, 16/10/2015) conté este caso de morosidad sobrevenida, cuyo efecto fue una llamada telefónica desde la OGI para preguntarme con olímpico cinismo: «¿te debemos dinero?».
Después de diversos intentos, y de oídos sordos por su parte, notificaron que ya no era Servihabitat —la OGI de CaixaBank, que, por lo que parece, ejerce ahora de inmobiliaria— quien se encarga del asunto. Lo hacen gestores de fincas subcontratados que van cambiando como las estaciones del año, circunstancia empleada por cada uno de ellos para demorar lo que importa. Para más inri, a mediados de 2017 supimos que el otro piso de la finca pertenece a Liberbank, que también tiene su gestor de fincas subcontratado y que sólo daba largas desde entonces. Eso sí, para que pueda seguir residiendo su anciana madre, no deja de cobrar un alquiler al expropietario desahuciado.
Ante este aumento de dificultades, varias personas nos aconsejaron la contratación de un gestor de fincas: con él se entenderían mejor, nos dijeron, y se ahorran el enfado acumulado por ustedes. Lo hicimos en mayo de 2018. Pero, transcurrido más de un año del segundo moroso y muchos más del primero, las cosas seguían igual. («¿Hay alguna lista negra?», e pregunta nuestro gestor). Se contabilizaban 10 años del primer desahucio; 10 años en que CaixaBank no ha regularizado la situación y no hace frente a sus deudas. Diez años en los que más de cien individuos han accedido al piso de la entidad, pero que en ninguna de las ocasiones acompañaban a posibles compradores o arrendadores. Diez años en los que, y es lo peor, una sola familia no puede afrontar el mantenimiento de la finca ni los arreglos necesarios, mientras el deterioro de la misma se acrecienta. Y esos más de 100 individuos, en numerosísimas visitas sin las llaves oportunas: cuando traen la del piso, olvidan la del portal, y a la inversa. Rizando el rizo hasta el disparate, en una de esas ocasiones, una empleada de CaixaBank de Xàtiva —pudo acceder al portal, pero no al piso— llegó a decirnos: «si no facilitáis las cosas (¿?), os puedo traer en alquiler social a una familia gitana de 8 ó 10 personas ¡que os harán la vida imposible!». Hay voces merecedoras de registro.
Y otra crisis. Pareciera que alguien hace mal su trabajo; pero no. Se trata de una estrategia para la que no hay impedimento legal. Si en este tiempo no se ha regularizado la situación, somos nosotros, entre tanto, perjudicados y sostenedores de dos bancos. Así que notificamos la demanda de procedimiento monitorio a ambos morosos. Y, ¡divinas palabras!, Liberbank abona al poco todos sus impagos. Nada parecido en el caso más prolongado; CaixaBank incluso juega entonces a un equívoco de cuentas bancarias para aumentar la demora que, una vez comprobado, nunca subsanará. ¿Alguien podría imaginar el impago de un recibo —o el mínimo retraso— a la inversa, de un particular hacia un banco? No sin consecuencias, ¿verdad?
El procedimiento monitorio en los juzgados encuentra una vía lenta por la ya antigua saturación de los mismos. Luego, para aún más inri, llega la crisis de 2020, la pandemia del Covid-19, y la detención de todo procedimiento judicial no urgente.
Este mes de junio se cumplen once años del primer desahucio en la finca. Tiempo en el que CaixaBank ha presumido de no haber necesitado rescate alguno. Tiempo en que se anuncia con lema tan amigable como «Escuchar. Hablar. Hacer» y en que, mediante almibaradas fotografías, difunde su «obra social». Y meses, estos últimos de confinamiento, en los que su mercadotecnia se acrecienta sobremanera pretendiendo un lavado de imagen más. En definitiva, no puedo pensar otra cosa, acciones financiadas (involuntariamente) por mi familia. Tal vez nos falte por saber si esto nos reportará algún beneficio fiscal.
José Ángel ArtetxeVecino de Xàtiva
