de la vuelta al cole se está hablando como nunca y, para variar, sin centrarse en el coste del material escolar. Otras cuestiones preocupan mucho más a las familias. En concreto, el conflicto planteado entre el derecho a la educación de las criaturas y el derecho a la salud, de ellas y del resto de la sociedad. Hay argumentos de toda índole relativos a la salud, pero también a la economía, al trabajo, a la conciliación y, sobre todo „y eso hay que tratar de no olvidarlo„ al bienestar presente y futuro de las criaturas, que depende casi en exclusiva de nuestro buen criterio a la hora de tomar decisiones que les afectan.
En cualquier caso, el dilema no está en abrir o no los centros educativos, sino en cómo hacerlo con las máximas garantías tanto para el alumnado como para el profesorado. Porque ir al colegio es una experiencia de la que los menores no pueden prescindir. La escuela es necesaria no sólo para transmitir conocimientos, sino porque enseña a vivir, a relacionarnos desde la convivencia y el respeto. Existen hoy en día, otras fuentes de información atractivas y sofisticadas, pero nada hay que sustituya el aprendizaje intensivo de asignaturas que no puntúan pero de cuya correcta superación depende que sean personas adultas equilibradas, amantes de la justicia y con capacidad de convivir. Aprender a estimar y ser estimado, a gestionar los rechazos, a superar los miedos, a respetar la diferencia, a valorar la diversidad son cualidades difíciles de alcanzar mirando la pantalla de un ordenador. Por no hablar de las enormes brechas sociales que podrían generarse ante las exigencias de la educación online que no sólo requiere herramientas tecnológicas, sino un acompañamiento que no está al alcance de todas las familias.
Preguntarse sobre las garantías para la salud existentes en los espacios educativos sería la segunda cuestión a resolver. Y aquí lo cierto es que nadie, que no esté dotado de alas y lleve un aro en la testa, puede garantizar un riesgo cero. Con todo, la exigencia y la existencia de dos condiciones básicas (grupos reducidos y espacio interpersonal) aporta cierto grado de seguridad a la vista de experiencias similares como la de Dinamarca o Portugal.
En el País Valenciano parece que se han hecho los deberes con un nivel aceptable. Sin alcanzar la excelencia, se han reforzado las plantillas con más de 4.000 profesores, se ha contratado personal adicional para los comedores y la limpieza, se han adquirido toneladas de material sanitario, establecido protocolos? Quedan temas importantes por cerrar, como los mecanismos legales para que las familias puedan atender a los menores en los inevitables brotes que puedan producirse, como la existencia de personal sanitario en los centros?Incluso se podrían afinar las medidas cediendo espacios municipales a los centros que lo precisaran para garantizar las distancias de seguridad o prestando asesoramiento a familias y centros para despejar dudas que les hacen perder al sueño?
Divididos. A pocos días del inicio de curso, las familias se dividen entre quienes aplauden la apertura de los centros educativos y quienes manifiestan su desconfianza e intención de semiconfinar por su cuenta al retoño para intentar protegerle de todos los males. Ojalá fuera posible. Nadie quiere que sus hijos enfermen, ni que causen daño a nadie. Y decisiones de este calibre son, sin duda, una de los aspectos más peliagudos de la maternidad/paternidad. Pero quizás, además de lo dicho, habría que valorar también que a este virus que amenaza nuestra salud, no se le puede consentir que además se lleve por delante otros derechos sociales imprescindibles para progresar y vivir en paz.
