LGE, LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE, LOMCE… Y ya son ocho, que se dice pronto. Irritante sopa de letras compuesta por las leyes educativas que este país va aprobando a golpe de partido gobernante, aunque con diferencias esenciales en cuanto la capacidad de pasar el rodillo y hacer de su capa un sayo. En concreto esta ultima ley ha sido aprobada con 177 votos, menos que en otras ocasiones, pero procedentes de siete diferentes formaciones políticas, lo que induce a pensar que ha conseguido sumar muchos más apoyos que las leyes del PP que se aprobaban, casi siempre, en cómoda y completa soledad.
Esta ley Celaá tampoco es la panacea, para qué engañarnos. Pero lo cierto es que afronta temas pendientes aunque haya otros que sólo obtienen una respuesta tibia. En todo caso, en razón a las amenazadoras opiniones del Partido Popular, no parece que vaya a tener mucho futuro. En cualquier caso, lo peor del juego político es el uso de la mentira. Porque se puede y se debe discrepar entre derechas e izquierdas pero los argumentos utilizados deberían sustentarse en verdades y no en manipulaciones y falsedades.
La moción del PP en el Ayuntamiento de Xàtiva propuesta la semana pasada, al hilo de las existentes en el resto del Estado, manifiesta una oposición frontal a la ley, que podría ser legítimo en un partido de derechas y fervorosamente neoliberal, pero se convierte en fake o mentira continuada al hacer alegaciones totalmente carentes de veracidad. Véase por ejemplo el susto que meten en el cuerpo a quienes son usuarios de la Educación Especial al oír los negros augurios de los populares sobre su desaparición. Algo que en absoluto se plantea en el texto, sino más bien todo lo contrario, sumándose además de algunos partidos en cuyos programas sí que aparecía esta propuesta, hasta su reciente y repentina desaparición.
También es un argumento tramposo y manipulador la reclamación de la libertad de elección de las familias, más allá del sistema público que financiamos con nuestros impuestos. Unos centros públicos que tienen un más que aceptable nivel de calidad, gracias, entre otras cosas, a los impuestos con los que se financian cuya propuesta de reducción no es más que otro globo de gas que nos explotaría en la cara. No obstante es lícito que quien disponga de los fondos suficientes, financie a sus criaturas la enseñanza en trilingüe en un colegio carísimo, pero sin pretender que ese deseo sea costeado por todos los demás. Cuesta aprender que los deseos no son derechos.
El tema de la lengua vehicular tiene un tratamiento especialmente nefasto en la denuncia de la ley, ya que ha obligado a una ingente cantidad de argumentaciones que se resuelven con la simple lectura del articulado cuando dice que «los alumnos deben acabar la enseñanza obligatoria con un dominio pleno tanto del castellano como de la lengua cooficial». Y el “problema” de la Religión, dado que el número de creyentes practicantes de este país va cayendo en picado en cada nuevo recuento, no parece ser un problema de amplias sectores de la población. En todo caso, es una de las cuestiones en que la ley Celaá se queda extremadamente corta, porque sigue sin explicarse por qué un estado aconfesional permite la enseñanza de una religión, de cualquier religión, en sus centros. Para eso están las iglesias.
Así que la derecha, derechita y derechona, tienen todo el derecho a criticar la ley, aunque sería deseable que lo hicieran con veracidad y en positivo, ofertando su modelo educativo para que lo compre quien lo quiera, sabiendo el saldo que se lleva a casa.
