El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Xàtiva ha citado a declarar el próximo 28 de enero al alcalde de la Font de la Figuera, Vicent Muñoz Jordà, y a la concejala Purificación Lluch Sanz, según una providencia de la magistrada titular a la que ha tenido acceso Levante-EMV. Ambos comparecen en calidad de investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa por una decisión que adoptaron el 12 de diciembre de 2017 en ejercicio de sus funciones como alcalde —Muñoz Jordà— y teniente de alcalde —Lluch Sanz— para adquirir un solar a unos particulares donde se ha construido un centro de día para personas mayores.
El origen del caso se encuentra en el recurso contencioso-administrativo que presentó la portavoz del PP en el Ayuntamiento de la Font de la Figuera, María José Penadés Ballester, contra la compra directa por el Ayuntamiento de la Font de la Figuera de un solar por edificar para construir el centro de día del municipio.
El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 6 de València declaró nula la decisión de la junta de gobierno local de la Font de la Figuera de la compra del bien inmueble mediante adjudicación directa, además de condenar a costas al consistorio fontí.
El magistrado que dictó sentencia consideró probado que «el Ayuntamiento de la Font de la Figuera optó, sin acreditar la existencia de causa de urgencia alguna para ello, ni motivarla suficientemente, por restringir la competencia y optar por el régimen de adquisición directa de un bien inmueble, abonando un precio notoriamente superior al fijado como el de valor real del inmueble». Inicialmente el precio del solar se fijó en 69.694,40 euros aunque se acabó pagando 75.000 euros. Además, se da la circunstancia que los propietarios del solar que adquirió el Ayuntamiento de la Font de la Figuera son suegros del concejal del PSPV, Mariano Ferriz Sanjuan.
La sentencia afea, además, al consistorio fontí, que estableció el precio a pagar por este contrato «antes de incoar el correspondiente expediente [para la compra del solar] con la excusa de optar a una subvención que no consta se pidiera dentro de los plazos y cumpliendo los requisitos establecidos».
Unos pasos en los que el titular del Juzgado de lo contencioso-administrativo 6 de València vio «cuatro causas de nulidad en el procedimiento de licitación y adjudicación» del solar ubicado en la calle Raquel Payá, 19 de la Font de la Figuera. Además de anular la compra municipal, el magistrado también decidió deducir testimonio contra el alcalde y la regidora de la Font de la Figuera para que los investigara un juzgado de instrucción. Además de las «múltiples causas de nulidad», el magistrado vio sospechosas «la discrepancia en las fechas de los informes de intervención y valoración; que se solicite y se entregue documentación a una persona que no consta siquiera que forme parte de la administración [la Diputació de València] que meses después convoca las subvenciones; el parentesco de los adjudicatarios con un miembro del equipo de gobierno municipal y la premura en finalizar las obras [del centro de día] con intenciones que pudieran no obedecer al estricto interés público», señala el escrito judicial.
