El profesor Rafel Buforn radiografía la justicia franquista en la prisión de Xàtiva

El profesor jubilado Rafel Buforn i Valero acaba de publicar su última investigación, Republicans i republicanes a la presó de Xàtiva, un libro en el que rescata del olvido 51 causas abiertas contra setabenses por su participación en actos en defensa de la República, a los que se acusaba irónicamente de prestar auxilio o incitar a la rebelión, cuando los verdaderos insurrectos fueron los militares sublevados contra el régimen legalmente establecido. El libro, ya en librerías, está dedicado a los que perdieron la guerra y analiza la arbitraria justicia de los vencedores.

Establece Buforn que la mayoría de aquellos detenidos que pasaron por la prisión de Xàtiva no acabaron ante el juez de ejecuciones. Así, cumplieron condena o fueron derivados —las condenas más largas— a cárceles de València. Mucho tránsito de reos tuvo la prisión situada en la plaza Espanyoleto —hoy desaparecida—, unos 1.127 encausados, mayoritariamente del partido judicial de Xàtiva. El grupo de expedientes analizados no tuvo como resultado la pena de muerte, sino que juzgaron otros delitos menores, en los que no hubo derramamiento de sangre. Buforn expone las causas abiertas convenientemente fotografiadas, detalla la identidad del represaliado, delito, la pena impuesta y los atenuantes que le llevaron a la reducción de condena y su posterior puesta en libertad condicional o definitiva, con pena de destierro si lo requería.

Los delitos consisten en el auxilio o incitación a la rebelión, ya sea por propagar ideas en defensa de la República, insultar a militares golpistas, molestar a curas y personas de derechas, o haber formado parte de las milicias que apoyaron al Comité Revolucionario Unificado, ya sea portando armas, deteniendo a simpatizantes con militares sublevados o saqueando propiedades eclesiásticas. Aquellos suponían una condena de 12 a 30 años, con posibilidad de pena de muerte. Afectó a todos los integrantes de filiaciones sindicales revolucionarias, como la CNT-UGT, y al movimiento de mujeres antifascistas.

Se castigaba también por pertenencia a partidos políticos o sindicatos de izquierda antes del inicio de la guerra, con la ley de responsabilidades políticas, inventada por autoridades judiciales franquistas. Una norma punitiva de carácter retroactivo, con condenas desde la inhabilitación para ejercicio de una profesión liberal o cargo público, hasta condenas presidiarias, multas, destierro o libertad vigilada. Afectó a integrantes de Izquierda Republicana, principalmente las elites intelectuales de la clase media republicana, y fue utilizada con virulencia contra la burguesía seguidora de Azaña.

Buforn también comenta las oportunidades que ofrecía el régimen para reducir condena. Se concedían arbitrarios indultos en función de la coyuntura internacional, o la celebración de efemérides en la Nueva España, que podían llevar a la libertad completa, para los más afortunados. Se podía también reducir tiempo de prisión presentándose voluntario al Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, o se podía disminuir condena si se conseguían informes favorables de la Delegación Provincial de Libertad Vigilada, con firma del alcalde, el capellán y jefe de la Guardia Civil, es decir, que contaran con el beneplácito de las fuerzas vivas, lo que podía reducir hasta tres cuartas partes de la condena.

De los expedientes exhumados destacan nombres aún familiares en la memoria histórica, o que han recibido algún homenaje como Patrocinio Camús, José Aragonés, José Fabra, Fernando Gil. Y tantos otros que sirven para dar idea de qué injusta fue la justicia de Franco. Hay que agradecer al autor el esfuerzo personal y económico de poner nombres y apellidos al ejército de anónimos que sufrieron la represión franquista, cuyo recuerdo peligraba de perderse para siempre o quedar sepultado en los fondos del Archivo del Reino de València.