Las reclamaciones de trabajadores de la residencia Gumersinda Martínez de Navarrés sobre las irregularidades laborales en la aplicación del convenio están en vías de solucionarse. Los empleados denunciaron hace un año que el centro aplica el convenio para residencias privadas pese a ser un centro público. Es municipal, dependiente del ayuntamiento, que la gestiona a través de la empresa pública municipal Sogesna, y desde 2015 está aplicando a los empleados un convenio que les perjudicaba laboral y económicamente. Una inspección de trabajo ha corroborado estas irregularidades instando a la residencia a adoptar «las medidas legalmente procedentes», según señala la resolución de la inspección a la que ha tenido acceso este diario.
Trabajadores del geriátrico expusieron hace un año, tal como avanzó Levante-EMV, la «sobreexplotación laboral» con jornadas maratonianas —más horas de las conveniadas, sin respetar los descansos—, y los «incumplimientos» del convenio, al acogerse al de centros privados, pese a ser público, que les repercutía en un salario menor al que les correspondía, percibiendo entre 200 y 300 euros menos al mes. Los empleados también ponían de manifiesto la «presión» que soportaban durante el ejercicio de su jornada laboral, que provocó en algunos trabajadores crisis de ansiedad y depresiones, con algunas bajas.
La inspección de trabajo, realizada el 30 de noviembre del año pasado, constató estas irregularidades. El representante sindical de los trabajadores, Vicente Forner, exponía ayer a este diario que la inspección ha evidenciado que la empresa «aplicaba otro convenio» e insta a aplicar «el de residencias de ámbito público». El concierto de centros privados repercutía en la remuneración de los empleados, que era menor a la que les correspondía, y además algunos trabajadores tampoco estaban percibiendo todas las horas trabajadas (horas extraordinarias), una situación que ahora deberá ser regularizada, aunque Forner lamentaba la «escueta respuesta de la inspección», que sí señala que se han adoptado las medidas legales procedentes, aunque no las detalla. Con esta resolución administrativa, la plantilla podrá reclamar las diferencias salariales y las bonificaciones de las horas extras no percibidas en estos años, ya que el convenio de centros privados viene aplicándose en la Gumersinda Martínez desde hace seis años, según expusieron los afectados.
La residencia de Navarrés podría ser multada por estas irregularidades, una sanción que dependerá del criterio de la inspección, «si esta entiende que ha habido mala fe», señala el representante sindical, que pone de manifiesto que en este caso el consistorio, que es el que gestiona el geriátrico, ha buscado la mayor rentabilidad del centro, con un comportamiento similar al de una empresa privada. La inspección laboral en la residencia navarresina ha sido motivada por la denuncia de los trabajadores y del sindicato, que elevó la queja a la administración. Ahora, los empleados ven satisfechas sus demandas.
Residencia en problemas
En la residencia Gumersinda Martínez de Navarrés se enrocan los problemas. La empresa privada que gestionó el centro antes de su rescate en 2011 dejó el geriátrico al borde de la desaparición, con una deuda considerable e impagos a los trabajadores. Con la continuidad del servicio en la cuerda floja, el Ayuntamiento de Navarrés salió al rescate, asumiendo la gestión a través de la empresa pública municipal Sogesna. Inyectó capital para dar la estabilidad necesaria en 2013, y tras un tiempo «en calma», las aguas volvieron a enturbiarse con las irregularidades laborales denunciadas por los trabajadores. Ahora la administración vuelve a enderezar las riendas.
